La justicia federal deberá resolver una denuncia presentada contra el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, en la que se los acusa de generar un posible peligro para la seguridad de la Argentina con sus declaraciones públicas sobre el conflicto en Medio Oriente. El caso quedó radicado en los tribunales de Comodoro Py bajo el expediente CFP 1142/2026 y fue sorteado al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez Ariel Lijo, que ahora tendrá que definir si esas manifestaciones políticas pueden constituir delito o no. La presentación apunta a la política exterior del Poder Ejecutivo y a su alineamiento con Estados Unidos e Israel.
La denuncia contra Milei y Quirno por presunto peligro para la seguridad argentina
El planteo judicial fue realizado por el abogado Facundo Pérez Ernst, de 23 años, quien formalizó la denuncia penal en Comodoro Py contra Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, sosteniendo que sus dichos habrían creado un peligro concreto para la seguridad de la República Argentina. La causa, identificada como CFP 1142/2026, quedó a estudio del juez federal Ariel Lijo, magistrado del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11.
En su escrito, Pérez Ernst pidió que se investigue la conducta del Presidente y del jefe del Palacio San Martín por varias figuras previstas en el Código Penal. Entre ellas, menciona de manera presunta la comisión de hostilidades con peligro de declaración de guerra, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y apología del crimen. El abogado solicita que se determine si las decisiones y expresiones del Poder Ejecutivo encajan en alguno de esos tipos penales.
Según la presentación, el núcleo de la acusación se concentra en definiciones públicas de alineamiento internacional formuladas por el Gobierno nacional sobre el escenario bélico en Medio Oriente. El denunciante considera que esos gestos políticos podrían haber tenido impacto directo en la política exterior y, eventualmente, en la seguridad del país, por lo que reclama la intervención del fuero federal para despejar responsabilidades.
La justicia federal, con el expediente ya en manos del juzgado de Lijo, deberá ahora resolver si abre medidas de prueba, pide informes o cita a funcionarios, siempre dentro del marco del expediente CFP 1142/2026, que quedó constituido como el canal institucional para tramitar el caso.
Los dichos que dispararon la causa y la discusión por las facultades del Ejecutivo
De acuerdo con la denuncia, las expresiones del presidente Javier Milei y del canciller sobre Medio Oriente habrían generado un peligro diplomático y de seguridad al fijar un alineamiento “absoluto” con determinadas potencias. En el texto se señalan como hechos relevantes los mensajes de apoyo total a Estados Unidos e Israel, la calificación de Irán como “enemigo” y la frase presidencial en la que, frente a la guerra, Milei sostuvo: “la vamos a ganar”. Para el denunciante, esas definiciones resultan centrales a la hora de valorar la conducta de los funcionarios.
Pérez Ernst remarca que este tipo de posicionamiento podría interpretarse como un exceso en las atribuciones propias del Poder Ejecutivo. En la presentación se cita la Constitución Nacional, que asigna de manera explícita al Congreso de la Nación la facultad de declarar la guerra, y se plantea que algunas afirmaciones del Gobierno podrían rozar esa competencia reservada al Poder Legislativo. Esa es una de las cuestiones que el juzgado deberá evaluar a la luz del derecho constitucional y penal.
El escrito no sólo cuestiona el contenido de los mensajes, sino también el contexto en el cual fueron emitidos, con el conflicto en Medio Oriente activo y con diversos países debatiendo su postura frente a la situación. Por eso el denunciante considera que la combinación de frases presidenciales, definiciones de política exterior y el impacto internacional de esas palabras amerita un análisis judicial específico.
Reacciones de Irán y documentos agregados al expediente
Como parte de la denuncia contra Javier Milei, el abogado incorporó al expediente elementos que, según su criterio, evidenciarían el peligro generado en el plano internacional. Entre las pruebas adjuntadas figura un editorial del periódico Tehran Times, publicado el 17 de marzo, donde se afirma que la Argentina “cruzó una línea roja imperdonable” y se anticipa una respuesta “proporcionada a su enemistad”. Para el denunciante, este tipo de pronunciamientos refleja el impacto que tuvieron las definiciones oficiales argentinas en sectores cercanos al Gobierno iraní.
Además, el escrito menciona que, el 20 de marzo, la Cancillería iraní presentó una protesta formal ante el Gobierno argentino. En esa comunicación diplomática, según recoge la presentación, se cuestiona el “apoyo descarado” de Milei a acciones militares unilaterales en la región. Todos estos documentos fueron anexados como respaldo probatorio para que el juzgado valore el alcance internacional de las declaraciones atribuidas al Presidente y al canciller.
El denunciante también sumó información sobre la percepción interna de la política exterior oficial. Para eso citó un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, fechado el 12 de marzo de 2026. De acuerdo con esos datos, el 72,7% de las personas encuestadas se manifestó en contra de la guerra en Medio Oriente, mientras que el 66,4% consideró que la postura asumida por el Presidente no representa la posición del conjunto de la ciudadanía argentina.
Con todos estos elementos en el expediente, el juzgado federal de Ariel Lijo deberá definir si las expresiones y decisiones políticas atribuidas a Milei y a Quirno pueden encuadrarse en las figuras penales mencionadas y si constituyen un peligro concreto para la soberanía y la seguridad nacional.
