Una decisión judicial reavivó el caso por el crimen de Kim Gómez y volvió a poner el foco sobre Tobías Godoy

La medida se conoció después de denuncias de padres de una escuela de Abasto por hechos ocurridos tras el regreso del menor al aula.

La causa por el crimen de Kim Gómez sumó este miércoles un nuevo capítulo en La Plata. La Justicia dispuso que el adolescente de 15 años señalado en el expediente, pero no punible por su edad al momento del hecho, continúe con escolaridad virtual luego de las quejas de familias de la Escuela Secundaria N° 41 de Abasto. El caso, que ya tuvo una condena contra Tobías Godoy en La Plata, volvió al centro de la discusión por lo ocurrido tras el regreso del menor a clases presenciales y por el temor expresado por padres y alumnos.

La resolución se conoció en medio de reclamos de familiares de estudiantes, que denunciaron situaciones dentro del establecimiento educativo. Según esas presentaciones, el adolescente habría mostrado videos ligados al asesinato de la nena de 7 años. Además, circularon otras acusaciones sobre amenazas, mensajes intimidatorios en redes y una presunta conducta conflictiva desde su reincorporación al colegio.

Mientras el expediente por el crimen de Kim Gómez sigue siendo seguido de cerca en La Plata, y el nombre de Tobías Godoy ya quedó atado a una condena penal, la medida judicial busca evitar la presencia física del menor en la escuela. De todos modos, las familias indicaron que todavía no recibieron una comunicación formal y mantuvieron una movilización prevista para este viernes.

La Justicia ordenó que el adolescente siga con clases virtuales tras los reclamos

La decisión judicial fue tomada después de varios días de malestar en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 41. El punto que encendió la polémica fue la vuelta del adolescente al aula dentro de un proceso de reinserción dispuesto en el marco judicial. Sin embargo, esa reincorporación generó un fuerte rechazo entre familias de alumnos.

Padres y madres plantearon que sus hijos sentían miedo por la presencia del menor en el colegio. Uno de ellos resumió ese clima con una frase que se repitió entre los reclamos: “Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación”. A esa preocupación se sumaron denuncias por hechos que, según dijeron los familiares, ocurrieron después del regreso a clases.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, entre las acusaciones aparecieron la exhibición de videos vinculados al asesinato de Kim Gómez, amenazas y mensajes intimidatorios que circularon por redes sociales. También hubo familiares que afirmaron que el adolescente habría ingresado droga a la escuela. Frente a ese cuadro, la Justicia resolvió que continúe su escolaridad bajo modalidad virtual.

La medida, según se informó, evita su asistencia presencial al establecimiento. Pese a eso, las familias sostuvieron que aún no recibieron una notificación formal sobre cómo se aplicará la resolución. Por ese motivo, mantuvieron en pie la convocatoria a una protesta para este viernes con el fin de pedir precisiones y garantías de seguridad dentro del colegio.

El caso volvió a escena por el impacto en la escuela y por el antecedente judicial del expediente

El conflicto no quedó limitado a las denuncias puntuales. En los últimos días también se registró un ausentismo masivo de estudiantes, en un contexto marcado por la inquietud de las familias. Ese dato mostró el alcance que tomó la situación dentro de la comunidad educativa de Abasto, donde el regreso del adolescente generó temor y malestar.

Los familiares reclamaron medidas concretas para proteger a los alumnos y para aclarar cómo iba a continuar tanto el recorrido educativo del menor como su situación dentro del proceso judicial. Ese pedido se volvió más fuerte luego de conocerse las denuncias que lo vinculaban con conductas disruptivas en la escuela.

En paralelo, el expediente por el crimen de Kim Gómez ya tenía un antecedente central. Al momento del hecho, el adolescente hoy de 15 años tenía 14, por lo que su situación fue abordada por el fuero de la Justicia Penal Juvenil. En ese marco, la jueza María José Lescano resolvió el 27 de mayo de 2025 que no podía ser penalmente responsabilizado.

Esa definición se tomó cuando todavía no se había aprobado una baja en la edad de imputabilidad. Como consecuencia, la magistrada ordenó que el menor permaneciera alojado en un instituto de menores durante dos años. La fiscal Carmen Ibarra cuestionó esa resolución y había pedido que la detención se extendiera hasta que alcanzara la mayoría de edad y pudiera ser juzgado.

Tobías Godoy ya fue condenado por el asesinato de Kim Gómez

Dentro de la misma causa, sí avanzó el juicio contra el otro imputado: Tobías Godoy, que tenía 17 años cuando ocurrió el hecho. En marzo de este año, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata lo condenó a 23 años y cuatro meses de prisión por el asesinato de Kim Gómez.

La sentencia fue firmada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro. En ese fallo, el tribunal señaló que el acusado había mostrado desprecio por la vida de la víctima y que el tratamiento tutelar recibido no había dejado una impresión favorable. Los magistrados también advirtieron que, de no haber sido menor de edad, la pena hubiera sido perpetua.

En el texto de la condena, los jueces afirmaron: “La impresión causada por el joven durante todo el desarrollo del juicio es negativa en función de los dichos vertidos ante el Tribunal en sus últimas palabras, que revelan ausencia de arrepentimiento y desprecio a la vida humana… Conocía que la niña se hallaba dentro del vehículo e intentó deshacerse de ella, sin importarle las consecuencias”.

Además de la pena por el homicidio “criminis causa”, el tribunal dispuso que Tobías Godoy inicie un tratamiento psiquiátrico-psicológico “que lo acompañe en este proceso de responsabilización”. También ordenó una capacitación o tratamiento vinculado al respeto por la vida y la dignidad humana, “con perspectiva hacia personas en situación de vulnerabilidad, en especial de mujeres y niños, a fin de que asuma una actitud constructiva y responsable hacia la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas”.

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