La Asociación Docente Provincial (ADP) confirmó que no brindará defensa sindical a los docentes investigados por presunta corrupción vinculada a certificados falsos utilizados para sumar puntaje, y adelantó que quienes resulten alcanzados podrían enfrentar sanciones laborales severas. El secretario general del gremio, Fernando Mazzone, explicó que la causa ya está en conocimiento de autoridades educativas y judiciales, y que el objetivo de ADP es que se esclarezca cómo se armó esta maniobra y quiénes participaron.
Según el dirigente de ADP, la pesquisa surgió a partir de cruces de datos internos en el sistema educativo, donde comenzaron a detectarse puntajes llamativos en concursos y designaciones. En ese marco, insistió en que el sindicato va a acompañar el proceso de depuración, pero dejó en claro que la organización no apoyará a quienes hayan obtenido ventajas con documentación trucha.
Mazzone remarcó que el escándalo no solo afecta la carrera de los docentes, sino también el funcionamiento de las escuelas, ya que algunos habrían accedido a cargos gracias a certificados sin contenido académico real. Además, recordó que hacía tiempo venía alertando sobre prácticas irregulares en el ámbito educativo que, a su criterio, hoy quedan expuestas en esta causa.
ADP se despega de la corrupción con certificados truchos
El secretario general de ADP fue tajante al aclarar la postura del gremio frente a esta presunta corrupción con certificaciones apócrifas. “No voy a defender a aquellos docentes que hayan comprado un postítulo trucho”, sostuvo, al marcar un límite claro para la cobertura sindical. Planteó que ningún afiliado puede alegar desconocimiento cuando paga por un título que no cursó ni rindió.
De acuerdo con lo que explicó, los maestros que aparezcan vinculados a estas maniobras no contarán con respaldo gremial en los sumarios que se inicien. Indicó que las sanciones previstas en el ámbito administrativo pueden ir desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración para los titulares, mientras que, en el caso de los interinos, la exclusión de los listados podría extenderse por un período determinado.
En ese sentido, Mazzone puntualizó que los docentes interinos que hayan utilizado certificados falsos para subir su puntaje enfrentarían la separación del cuadro de orden de mérito por dos años. Reiteró que se trata de una decisión ya resuelta dentro de ADP y que la organización no la va a modificar a medida que avance la investigación.
Alcance del caso y detección dentro del sistema educativo
Al describir la dimensión del problema, el titular de ADP señaló que se trabaja con estimaciones preliminares y habló de una posible afectación de un número importante de docentes. Mencionó que se manejan cifras que superarían el millar de personas y que, de confirmarse todos los casos, el universo de involucrados podría acercarse a varios miles entre educadores titulares e interinos.
No obstante, aclaró que la responsabilidad no sería idéntica en todos los expedientes. Subrayó que se deberá diferenciar entre quienes ofrecían y comercializaban certificados o postítulos irregulares y quienes los compraron para mejorar su ubicación en los listados. Para Mazzone, esa distinción será clave al momento de evaluar sanciones y determinar el peso de cada conducta.
El dirigente explicó que las primeras sospechas surgieron desde la Junta de Calificaciones, ámbito donde ADP tiene representación. Allí se advirtieron diferencias notorias en los antecedentes de algunos aspirantes. A partir de esas inconsistencias, se impulsó un cruce de información que permitió identificar patrones repetidos y derivar el tema a las instancias administrativas y judiciales correspondientes.
Impacto en concursos, carreras docentes y calidad educativa
Para el secretario general de ADP, el caso va mucho más allá de un problema de papeles. Sostuvo que el sistema de concursos se vio alterado porque hubo docentes que titularizaron con puntajes inflados, desplazando a colegas que sí habían realizado la formación en forma regular. Indicó que, en la práctica, se habrían “usurpado cargos” mediante la presentación de certificaciones sin validez académica.
Mazzone relató que, desde hace tiempo, distintos maestros se acercaban al gremio para comentar situaciones llamativas en los listados de puntaje. Según lo que contó, muchos preguntaban cómo podía ser que un compañero con el que cursaron juntos tuviera una cantidad de puntos imposible de alcanzar en tan poco tiempo. Esas quejas reiteradas terminaron de encender las alarmas dentro de la estructura educativa.
El referente de ADP insistió en que la circulación de cursos y postítulos sin sustento real distorsionó el sistema de valoración de antecedentes. Recordó que años atrás ya había advertido sobre la existencia de páginas que ofrecían planificaciones, evaluaciones y certificados a cambio de dinero, y que ese circuito, a su entender, es el que hoy se investiga en el marco de esta presunta corrupción en el ámbito educativo.
Para marcar la diferencia con estas prácticas, Mazzone mencionó su propio recorrido profesional, señalando que cuenta con varios postítulos obtenidos mediante cursado formal, trabajos finales y evaluación ante tribunales docentes. Expresó que no tiene claro en qué momento se modificó la metodología de formación de manera tal que se descontrolara la oferta de certificaciones y aparecieran circuitos irregulares, pero remarcó que el tema ya está planteado ante la ministra de Educación Cristina Fiore y ante la Fiscalía, que interviene en la causa.
