La Justicia federal avanza con la causa Finca Karina, en Aguas Blancas, donde se investiga un esquema de contrabando agravado y asociación ilícita con once personas imputadas. Según el expediente, la banda habría montado una “aduana paralela” en plena zona de seguridad de frontera, aprovechando años con casi nulos controles efectivos de distintos organismos. El circuito ilegal se habría desplegado a la vera del río Bermejo, conectando gomones que salían desde Bolivia con accesos directos a la ruta nacional 50 y un predio privado de 18 hectáreas cuya registración generó fuertes sospechas.
Una estructura de contrabando que funcionaba como “aduana paralela” en Aguas Blancas
Las audiencias recientes en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta permitieron a los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas reconstruir cómo habría operado la organización. De acuerdo con la Fiscalía, en Finca Karina no se trataba de changas de frontera ni de un simple movimiento informal, sino de una red armada con jerarquías internas, roles definidos y logística propia. El expediente habla de una estructura estable de contrabando agravado que habría manejado recaudaciones millonarias de manera diaria.
En este esquema, el río Bermejo aparece como eje central. Desde la margen boliviana habrían salido gomones cargados con mercadería hacia la costa del lado argentino, puntualmente hacia el sector que colinda con Finca Karina. Allí se habría acondicionado una playa especial para el desembarco, con caminos internos y puntos de control que ordenaban el ingreso y salida de la carga.
Una vez en territorio argentino, la mercadería se distribuía mediante accesos directos a la ruta nacional 50, lo que facilitaba la salida rápida hacia el interior del país. Según se detalla en la investigación, este circuito habría funcionado de manera sostenida durante años, en una zona que por ley es de seguridad de frontera y debería contar con un nivel de vigilancia reforzado, algo que en los papeles no se ve reflejado.
En ese tránsito irregular se habrían movido todo tipo de bienes: desde productos de consumo cotidiano y artículos sanitarios hasta materiales de construcción, chatarra y rieles ferroviarios levantados en el Chaco salteño. Además, el expediente menciona vehículos robados que volvieron a Bolivia y agrega, como elemento más grave, el traslado de estupefacientes dentro del mismo circuito.
De acuerdo con fuentes judiciales, la complejidad de la red y la diversidad de los productos involucrados fueron claves para que la Fiscalía encuadre los hechos como contrabando agravado y asociación ilícita, y no como un caso aislado. Para los investigadores, la operatoria se consolidó con el tiempo y se sostuvo sobre una cadena de controles débiles o directamente ausentes.
Once imputados, un predio clave y dudas por la inscripción de tierras en la frontera
La causa penal se formalizó el 26 de mayo, aunque tareas previas de inteligencia y verificación de datos se venían realizando desde semanas antes. Hoy el expediente tiene bajo la lupa a once personas, imputadas por los delitos de contrabando agravado y asociación ilícita, señaladas como parte de la estructura que habría operado en Finca Karina.
El predio en cuestión está formado por dos inmuebles contiguos ubicados a la vera del río Bermejo, justo donde el cauce marca el límite físico con Bolivia. Esa localización, según surge de la investigación, fue determinante para el despliegue de la maniobra, porque permitió el cruce directo de los gomones y el armado de la playa de carga y descarga. Los investigadores consideran que la posición estratégica de Finca Karina fue uno de los motores del circuito de contrabando.
En medio del avance del expediente se abrió un capítulo delicado vinculado al registro de la tierra. Una de las fracciones involucradas, identificada como matrícula 10.383 y de 18 hectáreas, figura a nombre de Gladis Gloria Salazar, técnica farmacéutica del hospital San Vicente de Paúl, en Orán. Según consta en el expediente, ella compró el terreno a su hermano, Alfredo Salazar, en febrero pasado por 20 millones de pesos.
Sin embargo, en la escritura incorporada a la causa se deja asentado que esa operación no tramitó ni obtuvo la autorización especial exigida para inmuebles ubicados en zonas de frontera. Para los magistrados y equipos de investigación, esa omisión funciona como un indicio fuerte de irregularidades administrativas en un área alcanzada por normas específicas de seguridad nacional.
Fallas de control y alcances del proceso judicial
Uno de los puntos que más remarcaron las fuentes cercanas al expediente es la falta de actividad concreta por parte de organismos con competencia en la zona durante un período prolongado. Sostienen que, en los hechos, el contrabando se naturalizó como si fuera un “trabajo de frontera”, mientras los controles efectivos, tanto aduaneros como territoriales y municipales, se mantenían escasos. Ese combo de controles laxos y tolerancia social habría permitido que la red de contrabando se afiance sin grandes interrupciones.
Durante una de las audiencias, el juez Santiago French calificó de “insólito” que un predio con esas características y ubicación tenga titularidad privada sin el cumplimiento de todos los requisitos formales que impone la normativa para la franja de frontera. Esa observación quedó asentada en el marco del debate oral dentro de la Cámara Federal de Apelaciones.
De acuerdo con la lectura de las pruebas reunidas hasta el momento, la Justicia federal no ve lo ocurrido en Finca Karina como una maniobra improvisada, sino como el resultado de fallas de control repetidas y sistemáticas en Aguas Blancas. El proceso en curso se concentra ahora en determinar las responsabilidades penales de los once imputados y en definir la situación de cada uno en relación con la presunta “aduana paralela” que, según el expediente, funcionó durante años en la zona.
