El debate por el consumo de carne de burro en Chubut sumó este miércoles un nuevo capítulo después de que la Asosiación Protectora, en referencia a la Asociación Protectora de Rescate Equino (APRE), y una coalición de organizaciones rechazaran esa práctica y reclamaran controles. El planteo apuntó a la faena, la comercialización y la posible circulación de carne de burros y mulas, con advertencias por la falta de regulación específica, los problemas de trazabilidad y los riesgos bromatológicos que, según señalaron, podrían afectar la salud pública.
La discusión tomó fuerza en la Patagonia en las últimas semanas, a partir de la visibilidad que ganó esta actividad en Chubut. En ese escenario, las entidades cuestionaron tanto el impulso productivo como el destino para consumo interno de estas especies, y además pidieron que intervengan organismos de control, áreas de bromatología y autoridades competentes para investigar lo que ocurre.
La Asosiación Protectora puso el foco en controles, trazabilidad y salud pública
Entre los principales cuestionamientos de APRE apareció la ausencia de una normativa puntual para el consumo interno de carne de burro y de mulas en la Argentina. De acuerdo con lo planteado por la entidad, ese vacío complica seguir el origen de los animales y del producto que se comercializa, algo clave cuando se trata de alimentos.
La Asosiación Protectora remarcó también que muchos equinos cumplen tareas de trabajo o acompañan a personas y familias, por lo que pueden haber recibido medicamentos que no serían aptos para el consumo humano. En ese punto mencionaron, entre otros, determinados antibióticos y antiinflamatorios.
Además, la organización advirtió sobre un problema adicional: la existencia de faenas clandestinas. Según expuso, si esas prácticas avanzan sin controles bromatológicos, el riesgo sanitario crece por la posibilidad de enfermedades zoonóticas y por la falta de verificaciones sobre el estado de la carne.
El rechazo reavivó una discusión más amplia sobre carne de burro
La comercialización de este tipo de carne empezó a captar atención pública en Chubut y abrió una discusión que ya no quedó limitada a esa provincia. El tema se instaló en la Patagonia en medio de un contexto marcado por la baja en el consumo de carne vacuna y por la búsqueda de alternativas productivas.
Sin embargo, desde APRE y desde la coalición federal de organizaciones el planteo fue de rechazo. Las entidades pidieron que se investiguen los hechos y que se apliquen sanciones a quienes promuevan estas prácticas, tanto en Chubut como en el resto del país.
En ese mismo pronunciamiento, la organización sostuvo que considerar a los equinos como “unidades de biomasa” desconoce su condición de seres sintientes. A la vez, vinculó su objeción con la Ley 14.346, que sanciona actos de crueldad hacia los animales.
APRE denunció además problemas en el traslado y acopio de los animales
Otro de los puntos incluidos en el reclamo tuvo que ver con las condiciones en las que, según la organización, se realiza el movimiento y la concentración de estos animales. APRE denunció deficiencias en el traslado y en el acopio, con situaciones de hacinamiento y abandono.
En una de las frases difundidas por la entidad, su postura quedó resumida de manera textual: “No es cultura, es crueldad. No es soberanía alimentaria, es falta de control sanitario”.
Con ese pronunciamiento, la polémica por el consumo de carne de burro volvió a instalarse en el centro de la discusión pública, mientras la Asosiación Protectora y otras ONG reclamaron que se investiguen los hechos y se apliquen sanciones a quienes impulsen estas prácticas.
