El Gobierno nacional adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de nueva Ley de Salud Mental, con el que busca modificar la normativa vigente desde 2010, cambiar la forma en que se manejan las internaciones, redefinir el concepto de riesgo y reorganizar la red de atención en todo el país. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Salud tras relevar experiencias de familiares, pacientes, profesionales y operadores judiciales, y apunta a resolver problemas que se presentan a diario con la ley actual.
El anuncio quedó a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien publicó en su cuenta de X que “en los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”. Luego, desde la cartera sanitaria detallaron que el objetivo central es “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre” y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema cuando se producen emergencias psiquiátricas.
La movida ocurre después de varios años de críticas a la aplicación de la Ley 26.657, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, y que impulsó un modelo de desmanicomialización que, según admiten técnicos del área, encontró serios límites por la falta de dispositivos alternativos suficientes en muchas provincias.
Los cambios que trae el proyecto sobre riesgo e internaciones
Uno de los ejes que más remarcan en el Ministerio de Salud es la redefinición del concepto de riesgo, clave para decidir si corresponde o no una internación. El proyecto de nueva Ley de Salud Mental que llegará al Congreso propone entender el riesgo como “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando la evaluación del contexto y de los antecedentes. Con esto, las autoridades dicen que buscan habilitar intervenciones preventivas más oportunas ante episodios que puedan terminar en daños graves.
En materia de internaciones, el texto mantiene el principio de excepcionalidad, es decir, que la internación no debe ser la primera opción, pero sí introduce cambios en los pasos a seguir en situaciones de urgencia. Se establece que el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria en un cuadro urgente, siempre con la obligación de que esa indicación sea revisada y ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 24 horas.
Otro punto técnico que se modifica es el vínculo con la Justicia. Hoy la ley fija un tiempo de diez horas para notificar una internación involuntaria al Poder Judicial. El nuevo texto extiende ese plazo a 24 horas, lo que, según explican en la cartera sanitaria, apunta a ordenar el circuito de notificaciones y a evitar demoras operativas que terminan complicando la asistencia al paciente en los primeros momentos de la crisis.
Respecto de las internaciones voluntarias, el proyecto plantea un mecanismo específico para cuando el paciente pide el alta pero el equipo tratante considera que su capacidad de decisión está comprometida. En esos casos, la internación podría pasar a ser involuntaria, con la comunicación obligatoria al juzgado correspondiente dentro del mismo plazo fijado para las urgencias.
Red de hospitales y critica al uso del termino “padecimiento mental”
Otro bloque importante del proyecto que irá al Congreso ligado a la Salud Mental tiene que ver con la forma en que se organiza el sistema de atención. El texto oficial reconoce que la política de cierre de hospitales psiquiátricos prevista en la ley vigente choca con la falta de infraestructura adecuada, personal suficiente y condiciones de seguridad en muchos servicios. Actualmente funcionan 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas, cifras que el Ministerio de Salud toma como base para sostener que siguen siendo necesarios dispositivos especializados para los casos más complejos.
En vez de avanzar solamente con el cierre de esos hospitales, la iniciativa propone armar una red escalonada de servicios de salud mental. Esa red incluiría hospitales especializados, sectores específicos en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas. La idea oficial es poder combinar internaciones, tratamientos ambulatorios y apoyos comunitarios según las características clínicas de cada persona, y reducir así las fuertes diferencias de acceso que hoy se ven entre regiones.
Las autoridades remarcan además que la aplicación de la ley actual es muy dispareja. De acuerdo con los datos difundidos, solo 16 provincias adhirieron formalmente a la normativa vigente, 18 tienen hospitales generales con servicios de salud mental y 20 cuentan con camas de internación específicas. Esa disparidad, señalan, termina generando condiciones muy distintas para los pacientes según la jurisdicción en la que viven.
Lenguaje, registros nacionales y rol del Ministerio de Salud
El proyecto de nueva Ley de Salud Mental que se debatirá en el Congreso no solo toca la cuestión de las internaciones, sino que también introduce cambios en el lenguaje legal. El Ministerio propone dejar de usar la expresión “padecimiento mental”, considerada ambigua por los equipos técnicos, y reemplazarla por categorías basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Se incorporan así los conceptos de “trastornos mentales” o “trastornos del comportamiento”, con la intención de alinear la normativa local con los estándares diagnósticos internacionales.
En paralelo, la iniciativa refuerza el sistema de información del área. Se plantea mejorar y ampliar el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Según explican desde la cartera sanitaria, estas bases de datos son herramientas centrales para saber cuántas camas hay disponibles, cuántos pacientes están internados y cuál es la capacidad real del sistema, algo que consideran imprescindible para planificar la red de servicios.
El texto también prevé un incremento de la presencia técnica del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, a través de la participación de áreas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR. La intención señalada por las autoridades es fortalecer las tareas de supervisión y control de los dispositivos de atención, con mayor intervención de equipos especializados en la evaluación del funcionamiento cotidiano del sistema.
Según el resumen oficial de “10 puntos claves de la Nueva Ley de Salud Mental”, los lineamientos incluyen garantizar servicios en todo el territorio nacional, reducir brechas de acceso entre regiones, actualizar conceptos diagnósticos, redefinir el criterio de riesgo de daño para la vida o la integridad física, y mantener la internación como medida excepcional bajo indicación psiquiátrica en urgencias, con ratificación interdisciplinaria y control judicial dentro de las 24 horas.
Reclamos de familias y antecedentes del debate legislativo
La decisión de llevar un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental al Congreso retoma una discusión que se viene dando desde hace años entre familiares de personas con trastornos mentales, equipos de salud y fuerzas de seguridad. Distintos sectores plantearon dificultades para aplicar la ley vigente, sobre todo al enfrentar crisis agudas o episodios de riesgo en la vía pública o en los domicilios, donde muchas veces se generan conflictos sobre quién puede ordenar una internación y en qué condiciones.
Entre los testimonios que ganaron visibilidad figura el de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso su postura ante legisladores en favor de una revisión de la normativa. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, señaló. Además, consideró insuficiente “el 10% destinado del total de salud” para el área de salud mental.
Nuevo proyecto de salud mental del Gobierno llegará al Congreso: cambios en internaciones y criterios de riesgo
Desde el Ejecutivo recordaron que ya en diciembre de 2025 se había adelantado la intención de impulsar cambios durante las sesiones ordinarias de 2026. En ese momento, voceros oficiales indicaban que el foco estaría puesto en ciertos artículos específicos, especialmente el que regula las internaciones involuntarias y la intervención judicial, puntos que efectivamente aparecen ahora entre los ejes centrales del texto que será enviado al Congreso de la Nación.
