Condenaron a un policía y a dos personas por maniobras con vehículos secuestrados en la causa Ríos & Asociados
La sentencia anuló registros de dos rodados y fijó penas condicionales para un policía, una gestora y otro involucrado.
La jueza Claudia Puerta homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó condenas contra tres personas por maniobras realizadas con vehículos que estaban secuestrados en la investigación de la financiera Ríos & Asociados, en Salta. Los condenados son Mariela del Valle Herrera, Ángel Emanuel Franco y César Daniel Fernández, integrante de la Policía que prestaba funciones en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial. La resolución incluyó la anulación de trámites registrales de un Ford Focus y una Toyota Hilux.
Fernández recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, una multa de $1.296.000, inhabilitación absoluta perpetua y reglas de conducta. En tanto, Franco y Herrera fueron sentenciados a 1 año de prisión condicional cada uno, también con obligaciones fijadas por la Justicia.
Las condenas por los trámites de los vehículos
La pena más alta recayó sobre César Daniel Fernández, empleado del área judicial donde estaban alojados los rodados. Fue condenado por dos hechos de falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función, en concurso ideal con dos estafas como partícipe necesario. A esa calificación se sumó el delito de concusión por 36 hechos, en concurso real.
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De acuerdo con la resolución, Fernández deberá cumplir reglas de conducta además de la prisión condicional. La inhabilitación absoluta perpetua le impide ejercer funciones públicas, mientras que la multa fue establecida en $1.296.000.
Franco fue condenado por dos estafas en concurso ideal con dos hechos de uso de instrumento público falso. Por su parte, Herrera recibió una condena por una estafa en concurso ideal con uso de instrumento público falso. Ambos deberán respetar las reglas de conducta que se dispusieron en el acuerdo.
El Ford Focus que cambió de titular pese al secuestro
La investigación comenzó al detectarse que un Ford Focus bajo custodia judicial figuraba transferido a otra persona. El vehículo estaba secuestrado desde marzo de 2022 dentro del expediente de Ríos & Asociados y permanecía en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial.
Sin embargo, en abril de 2024 se concretó un cambio de titularidad, pese a que no había autorización de la Fiscalía ni del juzgado interviniente. Sobre el auto también se constituyó una prenda por una suma superior a $11 millones.
La Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales determinó que Fernández había firmado un Formulario 12 como verificador del Ford Focus. Según la pesquisa, ese documento permitió avanzar con la transferencia registral y con la gestión del crédito prendario.
La documentación de la Toyota Hilux y los 500 formularios
Un allanamiento en la vivienda de Franco incorporó a la causa papeles vinculados con una Toyota Hilux también incautada. La camioneta había sido secuestrada en marzo de 2022 dentro de la investigación contra Ríos & Asociados y luego quedó en depósito judicial del Área de Movilidad del Poder Judicial.
Entre los documentos secuestrados había un Formulario 12 firmado por Fernández, un Formulario 08 que simulaba una compraventa por $13 millones y constancias referidas a un crédito prendario. El titular registral de la Hilux declaró ante la UDEC que nunca había vendido el vehículo y que años antes lo había entregado a la financiera como parte de una inversión.
Para la Fiscalía, Franco intervino en las gestiones destinadas a transferir la camioneta y obtener un crédito sobre ella. Herrera, que trabajaba como gestora, había consultado ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor por el estado de dominio del Ford Focus. La pesquisa relevó además numerosas comunicaciones entre Herrera y Franco durante los trámites.
Las verificaciones cobradas que no ingresaron al Fondo Único Policial
Durante el procedimiento en la vivienda de Fernández se secuestraron 500 formularios de verificación vehicular. El análisis de esa documentación y las declaraciones testimoniales permitieron establecer 36 hechos ligados a tareas que realizaba como verificador policial.
Según lo determinado por los investigadores, Fernández efectuó verificaciones y recibió dinero en efectivo en esos casos. La investigación indicó que esos fondos no fueron rendidos ni ingresaron al Fondo Único Policial.
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En la audiencia intervino la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por medio del auxiliar fiscal Pablo Nieva. Salinas Odorisio estuvo a cargo de la investigación.
