Tres hombres fueron condenados en San Ramón de la Nueva Orán por delito contra la administración de justicia, tras admitir pagos irregulares y filtración de datos reservados en causas penales. Entre ellos está el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez. En paralelo, el expediente principal sigue abierto y mantiene imputados al exjuez de Garantías Claudio Alejandro Parisi y a un secretario letrado, quienes optaron por ir a un juicio oral y público y continúan detenidos bajo distintas modalidades, a la espera de la fijación de fecha de debate.
Condenas en Orán por delito contra la administración de justicia
El Tribunal de Orán dio por cerrada una parte central de la investigación por delito contra la administración de justicia y dictó sentencia contra tres acusados que habían llegado a esta instancia con un acuerdo de juicio abreviado. Se trata del abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado judicial Héctor Manuel Alderete y el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, todos vinculados a maniobras para favorecer a imputados en causas penales activas.
Los tres habían permanecido detenidos con prisión preventiva durante un período de 1 año y 2 meses. Esa medida, explicaron en su momento las fuentes judiciales, se mantuvo por la presencia de riesgos procesales vinculados a una posible fuga y a la chance de que se obstaculizara la producción de prueba, tanto mediante contactos con testigos como a través de la manipulación de documentación.
En el caso de Ortega Serrano, el tribunal impuso una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. La sentencia fijó que deberá cumplir reglas de conducta específicas, bajo control judicial, como parte de las condiciones para mantener la libertad. El tribunal entendió acreditado que el abogado pagó dádivas para obtener resoluciones judiciales beneficiosas en favor de algunos de sus defendidos.
Para Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quien estuvo al frente de la intendencia del municipio fronterizo de Aguas Blancas, la condena fue de 1 año y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Según se indicó en la audiencia, se trató del máximo disponible para este tipo de sanción en función de los delitos que se le atribuyeron en el expediente.
En relación con Héctor Manuel Alderete, empleado de una Defensoría de Violencia de Género con asiento en Orán, los jueces resolvieron imponerle 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. La sentencia remarcó su rol como enlace entre el estudio jurídico de Ortega Serrano y el magistrado a cargo de los expedientes cuestionados.
Cómo operaba la red y qué vínculos aparecen con Parisi
De acuerdo con la acusación de la Unidad Fiscal, Ortega Serrano actuaba como eje del esquema. En su carácter de defensor en distintas causas penales, habría entregado dinero en concepto de dádivas a un magistrado y a su secretario letrado, buscando que se dictaran resoluciones favorables a los acusados que representaba. Las maniobras, según se probó en la causa, impactaron de manera directa en expedientes concretos, alterando plazos y medidas de coerción.
Entre los episodios que quedaron plasmados en la sentencia, se menciona la intervención del abogado para lograr la detención domiciliaria de César Daniel “Oreja” Martínez, investigado por tentativa de femicidio y asesinado en 2023. También se tuvo por acreditada la nulidad del requerimiento de elevación a juicio que trababa el avance de ese proceso, lo que fue calificado como un beneficio procesal indebido.
En otro expediente, la pesquisa recordó la actuación de Ortega Serrano a favor de Matías Ezequiel Chaile, imputado por atropellar y matar a una mujer con una camioneta, fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo. Conforme consta en la causa, primero se consiguió la prisión domiciliaria de Chaile y, posteriormente, su libertad, tras lo cual el imputado permanece prófugo hasta la fecha.
La investigación también corroboró que Ortega Serrano accedió sin autorización a un expediente judicial que contenía medidas de prueba en curso: órdenes de allanamiento, pedidos de secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos de almacenamiento, además de detalles de declaraciones testimoniales. Esa información, señalaron las fuentes, fue compartida mediante mensajes de WhatsApp con personas investigadas, lo que les permitió anticiparse y modificar el escenario previsto por la Fiscalía.
En cuanto a la participación de Alderete, el empleado judicial admitió haber sido el nexo entre el abogado y el magistrado a cargo de las causas donde se habrían concretado los pagos. Su función, según la imputación aceptada en el juicio abreviado, fue facilitar la entrega de dinero y coordinar los contactos para que las presuntas dádivas llegaran efectivamente al destinatario.
El rol del exintendente de Aguas Blancas y la situación del exjuez Parisi
Respecto de Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, el expediente dio por probado que recibió de Ortega Serrano datos que debían mantenerse bajo reserva, vinculados a la investigación por el homicidio de su hermano, César Daniel “Oreja” Martínez. El exintendente reconoció haber compartido esa información con terceros, vulnerando la confidencialidad propia de los procesos penales en trámite.
Según la documentación incorporada, Martínez utilizó esos datos para eliminar contenido de sus dispositivos electrónicos y para influir sobre testigos, con el objetivo de que ajustaran o modificaran sus testimonios. Esa conducta fue considerada una afectación directa a la marcha normal de la investigación y uno de los motivos por los cuales se le impuso la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Mientras tanto, la causa principal sigue abierta para otros dos acusados: el exjuez de Garantías de Orán, Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo, y el secretario letrado que se desempeñaba en el mismo juzgado. Ambos se encuentran procesados por delitos similares y cumplen medidas restrictivas de la libertad en distintas modalidades, uno alojado en un establecimiento carcelario y el otro con arresto domiciliario.
A diferencia de los tres condenados en esta etapa, ni Parisi ni el secretario aceptaron el juicio abreviado ofrecido por la acusación, sino que solicitaron un juicio oral y público para ventilar la prueba. El trámite se encuentra actualmente pendiente de fijación de fecha, por lo que el proceso penal seguirá su curso en una audiencia de debate ante un tribunal colegiado.
Fuente:El Tribuno
