Estafas con pagarés y domicilios irregulares: 3 condenados y restitución de los fondos embargados a las víctimas en Salta
El acuerdo judicial ordenó liberar dinero inmovilizado y distribuir bienes secuestrados entre personas damnificadas por la maniobra investigada.
Tres condenados por estafas vinculadas al uso de pagarés en Salta deberán abandonar los juicios ejecutivos que promovieron y realizar trámites para liberar los fondos embargados que siguen depositados en cuentas judiciales. El acuerdo homologado por el juez Ignacio Colombo prevé la restitución de dinero a las personas damnificadas, además de distribuir $4.624.000 y USD 8.200 secuestrados durante la investigación. Los acusados reconocieron los hechos y recibieron penas de prisión condicional.
La causa investigó una modalidad que comenzaba con préstamos de dinero otorgados a personas con necesidades económicas. Luego, según reconstruyó la pesquisa, se presentaban pagarés para reclamar judicialmente sumas que derivaban en embargos sobre haberes y bienes de los demandados.
Durante la audiencia intervino la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, en representación del Ministerio Público Fiscal. La funcionaria sostuvo que el juicio abreviado también buscó resolver la situación patrimonial de quienes tenían dinero retenido a raíz de los procesos ejecutivos.
Los condenados deberán frenar los reclamos judiciales iniciados con pagarés
Como parte central del acuerdo, las tres personas condenadas deberán desistir de los derechos y de los procesos en todos los juicios ejecutivos relacionados con los hechos investigados. Para cumplir con esa obligación tendrán 15 días hábiles desde la homologación y deberán hacer las presentaciones ante los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos.
Salteño denunció una estafa tras una oferta de trabajo en Vaca Muerta: "Me prometieron $5,5 millones por mes"
También deberán impulsar los actos procesales necesarios para liberar las sumas que continúan inmovilizadas o colocadas a plazo fijo en cuentas judiciales. Una vez habilitada esa medida, el dinero deberá ser reintegrado a las personas afectadas por la maniobra.
El acuerdo incluyó, además, la entrega de $4.624.000 y USD 8.200 que fueron secuestrados durante la investigación. Esos montos serán distribuidos entre las víctimas como compensación, conforme al mecanismo aceptado por los imputados que suscribieron la salida abreviada.
El cumplimiento de esas obligaciones deberá quedar acreditado antes de que dos de los condenados puedan pedir que se levanten las medidas cautelares dispuestas en su contra. Entre esas restricciones se encuentran la inhibición general de bienes y la inmovilización de fondos y activos financieros.
Las penas alcanzaron a un abogado y a otras 2 personas
Lucas Ignacio Molinas Grondona, abogado, recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. A su vez, fue inhabilitado de manera especial y efectiva durante tres años para ejercer la profesión, además de ser condenado al pago de una multa de 15 mil pesos.
La sentencia lo declaró coautor de 64 hechos de estafa procesal en concurso real, 24 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado y 50 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco. También fue condenado por usura agravada, bajo las reglas de concurso real previstas en el acuerdo.
Mirta del Valle López Nogales recibió tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de 15 mil pesos. En su caso, la resolución comprendió 48 hechos de estafa procesal en concurso real, 22 hechos de estafa procesal en concurso ideal con falsificación de instrumento privado y 48 hechos de estafa procesal en concurso ideal con abuso de firma en blanco.
Además, López Nogales fue condenada por usura agravada. El tercer acusado que aceptó el acuerdo, Jesús Federico Díaz, recibió ocho meses de prisión de ejecución condicional como coautor de seis hechos de estafa procesal en concurso real.
Por qué la devolución de fondos fue incluida en el acuerdo judicial
Salinas Odorisio explicó durante la audiencia que la solución no respondió solamente a razones de economía procesal. Según indicó, la continuidad del expediente penal no alcanzaba por sí misma para cerrar los juicios ejecutivos ni para habilitar la devolución de los montos que estaban embargados.
Los juzgados civiles ya habían ordenado suspensiones preventivas al advertir irregularidades en las demandas. Sin embargo, los expedientes continuaban abiertos y el dinero seguía retenido en cuentas judiciales, por lo que el desistimiento acordado permitirá avanzar en la finalización de esos reclamos.
La fiscal señaló que un juicio oral hubiera demandado un tiempo considerable por la cantidad de hechos, expedientes y personas involucradas. Mientras tanto, la situación económica de los damnificados dentro de los procesos ejecutivos habría permanecido sin una solución directa.
La investigación detectó domicilios inexistentes y notificaciones que no llegaban
La causa se inició a partir de informes remitidos por los jueces Claudio J. Fernández Viera, Ricardo López Arias y Lucía Brandan Valy, integrantes de los Juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos. Los magistrados detectaron irregularidades en numerosos expedientes promovidos para cobrar pagarés y pusieron esa información en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.
Entre las situaciones advertidas apareció la reiteración de domicilios asignados a diferentes demandados. En varios casos, las direcciones consignadas en las demandas correspondían a inmuebles inexistentes, viviendas deshabitadas o propiedades de terceras personas que no tenían relación con los ejecutados.
Ese mecanismo impedía que los demandados fueran notificados correctamente sobre los procesos iniciados en su contra. De ese modo, no podían ejercer su defensa, mientras las presentaciones judiciales avanzaban hacia embargos y otras medidas sobre sus ingresos o bienes.
La Unidad de Investigación UDEC, perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales, analizó la documentación enviada por los tribunales. Las tareas incluyeron revisión de expedientes, constataciones de domicilios, trabajo de campo, entrecruzamiento de datos, análisis de movimientos bancarios y recepción de testimonios.
La pesquisa determinó que Molinas Grondona y López Nogales otorgaban préstamos de manera habitual y que, de acuerdo con la acusación, imponían intereses excesivos aprovechando la necesidad económica de las personas afectadas. En algunos casos, los damnificados reconocieron préstamos y firmas, aunque desconocieron los montos, las fechas u otros datos incluidos en los documentos.
En otros expedientes, las personas alcanzadas negaron haber solicitado dinero o haber firmado los instrumentos usados para promover las demandas. En abril, el Ministerio Público Fiscal secuestró pagarés, expedientes y otra documentación considerada relevante para acreditar la intervención de los acusados.
El EnReSP advirtió sobre estafas vinculadas al subsidio de servicios en Salta
La definición sobre un eventual decomiso de los restantes elementos incautados quedó pendiente hasta que se resuelva la situación procesal del cuarto acusado, quien no suscribió el acuerdo abreviado. La investigación continuará respecto de esa persona hasta la instancia de juicio.
