Seis hombres fueron condenados por estafas con cheques electrónicos que afectaron a tres empresas. La resolución surgió de un juicio abreviado pleno, en el que se analizaron maniobras realizadas entre septiembre de 2022 y abril de 2023. Dos de los condenados recibieron penas de cinco años de prisión de ejecución efectiva por integrar y organizar la estructura investigada.
El juez Leonardo Feans homologó el acuerdo entre las partes tras la intervención de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. También hubo condenas condicionales para otros cuatro imputados, mientras que Leandro Nicolás Lozano fue sobreseído a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Las condenas por estafas y los distintos roles atribuidos
Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías fueron sentenciados a cinco años de prisión efectiva. La Justicia los consideró coautores de asociación ilícita, en calidad de jefes u organizadores, además de responsables de las estafas investigadas.
En tanto, Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz recibieron tres años de prisión de ejecución condicional. A los tres se les atribuyó haber integrado la asociación ilícita y participado como coautores de las maniobras defraudatorias.
Emanuel Nolberto Álvarez fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por estafa. Los representantes de las tres firmas damnificadas prestaron conformidad al acuerdo que luego fue validado por el juez.
Cómo funcionaban los cheques electrónicos sin fondos
La pesquisa de la UDEC comenzó luego de las denuncias presentadas por tres comercios: una firma que vende elementos de seguridad industrial, una empresa de lubricantes y un negocio de artículos para el hogar. Las operaciones cuestionadas incluyeron compras de mercadería por montos elevados.
Según determinó la investigación, los integrantes de la organización se presentaban como clientes con capacidad económica y entregaban cheques electrónicos para pagar. Sin embargo, esos instrumentos estaban vinculados con cuentas bancarias sin fondos, por lo que no podían acreditarse.
La investigación detectó una organización con tareas repartidas
La Fiscalía sostuvo que Jiménez y Sacarías incorporaban a personas jóvenes que no tenían antecedentes financieros negativos. A cambio de dinero, les proponían abrir cuentas bancarias y gestionar chequeras que después eran usadas dentro de la operatoria.
Luego, esas personas acudían a distintos comercios para adquirir productos y entregaban los cheques emitidos desde las cuentas abiertas. La mercadería obtenida formaba parte de la secuencia atribuida a la asociación ilícita.
El entrecruzamiento de la información reunida permitió establecer que el dinero obtenido era transferido a cuentas de los organizadores o de personas vinculadas con ellos. Las defensas y la Fiscalía renunciaron a los plazos para recurrir la sentencia, mientras que también se solicitó el decomiso de los bienes secuestrados durante la investigación.
