Tres adultos fueron sentenciados a penas de hasta siete años de prisión efectiva por comercializar drogas en la zona sudeste de la ciudad de Salta. La causa se inició por denuncias anónimas que alertaban sobre movimientos de venta en barrio Solidaridad y derivó en allanamientos simultáneos, secuestro de estupefacientes y la comprobación de que se habrían valido de un menor de edad para las maniobras ilícitas.
La Justicia salteña condenó a dos mujeres y un hombre por la venta de drogas en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas. Los procedimientos se realizaron tras un pedido de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y terminaron con el secuestro de estupefacientes, dinero y celulares, además de la detención de los sospechosos. Según el expediente, la organización se dedicaba a la comercialización de sustancias prohibidas y habría involucrado a un menor de edad en las tareas vinculadas al delito.
Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal penal de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, quien impulsó la causa por comercialización de drogas agravada. La pesquisa se centró en tres domicilios vinculados con los acusados y, con los elementos reunidos, se avanzó hacia una audiencia de juicio abreviado. En esa instancia, los tres imputados reconocieron los hechos atribuidos y el juez de Garantías del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, dictó las penas de prisión efectiva.
De acuerdo con lo resuelto, Juan Carlos Flores recibió la condena más alta, de siete años de prisión efectiva, mientras que Elizabeth Yamila Medina fue sentenciada a seis años y seis meses. En tanto, Claudia Isabel Salval fue condenada a seis años de prisión efectiva. Las tres personas fueron declaradas coautoras del delito de comercialización de estupefacientes doblemente agravada.
Denuncias anónimas por venta de drogas en la zona sudeste
La investigación por la venta de drogas se activó cuando llegaron al Ministerio Público Fiscal varias denuncias anónimas a través de su página web oficial. En esos reportes, vecinos de barrio Solidaridad apuntaban contra un hombre y una mujer que, según describieron, se dedicarían a la comercialización de sustancias prohibidas en esa zona de la ciudad.
Con esos avisos, la Fiscalía dispuso que personal del grupo SINAR SUR de la Policía de Salta realizara tareas de campo e inteligencia. Los efectivos comenzaron a hacer seguimientos y observaciones en distintos días y horarios, cerca de los domicilios señalados y en puntos donde se sospechaba que se realizaban intercambios de drogas con compradores.
En el transcurso de estos trabajos, los investigadores identificaron a Claudia Isabel Salval y a Juan Carlos Flores como las primeras personas vinculadas directamente con la supuesta venta de drogas. Los uniformados los vieron en distintas ocasiones mientras intercambiaban sustancias entre ellos y con terceros, lo que quedó documentado en el expediente con registros y actas de procedimiento.
Cómo detectaron a la tercera imputada y el rol del menor
Mientras avanzaban las tareas de inteligencia por la circulación de drogas en el barrio, el grupo SINAR SUR advirtió que en las maniobras aparecía de manera reiterada otra mujer. Tras verificar sus datos, fue identificada como Elizabeth Yamila Medina, quien se sumó al listado de personas investigadas por la Fiscalía.
Además, durante los seguimientos se constató la presencia del hijo menor de edad de uno de los imputados. Según la causa, el adolescente habría sido utilizado para colaborar en ciertas acciones relacionadas con la comercialización de drogas, lo que llevó a encuadrar el hecho como una infracción a la ley 23.737 por el uso de un menor en la actividad ilícita. Con estos elementos, la Fiscalía sostuvo que actuaban de forma organizada al menos tres adultos, sumado al involucramiento del menor.
Allanamientos, secuestro de drogas y condenas en juicio abreviado
Una vez reunidos los informes de campo, las observaciones y demás evidencias sobre la posible venta de drogas, el fiscal Gustavo Torres Rubelt pidió al juez de Garantías, Diego Rodríguez Pipino, el allanamiento de tres domicilios vinculados con los acusados. La solicitud fue aceptada y se fijó la realización de los procedimientos en forma simultánea.
Al momento de concretarse los allanamientos, personal policial detuvo a los tres investigados y secuestró sustancias estupefacientes preparadas para su comercialización, además de elementos utilizados para fraccionar y distribuir la droga. También se incautó dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, que quedaron incorporados como material probatorio en el expediente.
Con el conjunto de pruebas y los resultados de los allanamientos, la Fiscalía promovió una audiencia de juicio abreviado. En esa instancia, las dos mujeres y el hombre admitieron su responsabilidad en la comercialización de drogas en barrio Solidaridad, lo que permitió avanzar directamente a la imposición de las penas por parte del magistrado interviniente.
Detalle de las penas dictadas por la Justicia
En la sentencia, el juez Diego Rodríguez Pipino consideró acreditado que los tres imputados actuaron como coautores del delito de comercialización de sustancias estupefacientes doblemente agravada, tanto por intervenir organizadamente tres o más personas como por valerse de un menor de edad en las maniobras ilegales.
Por ello, el magistrado condenó a Juan Carlos Flores a siete años de prisión efectiva, a Elizabeth Yamila Medina a seis años y seis meses de prisión efectiva y a Claudia Isabel Salval a seis años de prisión efectiva. Las penas quedaron fijadas en el marco del acuerdo de juicio abreviado celebrado entre la Fiscalía y las defensas, con homologación judicial.
