El Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes dictó una condena de 10 años de prisión a cuatro policías del Grupo de Intervención Rápida (GIR) por la muerte del chico ahogado Lautaro Rosé, ocurrido en la costa del río Paraná en Corrientes durante una persecución en 2021. El veredicto, dado a conocer este jueves en la capital correntina, mantiene a los efectivos en libertad hasta que la sentencia quede firme y dejó expuesta una fuerte tensión con la fiscalía, que se negó a acusarlos y cuestionó la prueba presentada.
El caso, que tuvo amplia repercusión pública en Corrientes y otras provincias, se centra en la muerte de Lautaro, de 18 años, quien terminó en el agua del Paraná mientras intentaba escapar de un operativo del GIR junto a un amigo. Según la acusación sostenida por la querella, los uniformados continuaron disparando balas de goma cuando los jóvenes ya estaban dentro del río.
Además del fallo sobre los cuatro integrantes del GIR, el Tribunal absolvió a otros dos efectivos que habían llegado a la audiencia imputados por apremios ilegales y otros delitos vinculados al trato que recibió el sobreviviente, Ismael Meza. La conducta del Ministerio Público Fiscal, que pidió la investigación de ese testigo por falso testimonio en lugar de sostener la acusación, también quedó registrada en las actuaciones.
Condena de 10 años y medidas restrictivas para cuatro policías del GIR
La sentencia fue firmada por los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y Oscar Ignacio Dubrez, quienes consideraron responsables a los policías Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero. El delito por el que fueron condenados se calificó como abandono de persona agravado por el resultado muerte, figura aplicada por el desenlace del chico ahogado en el río Paraná.
Aunque la pena fijada fue de 10 años de cárcel para cada uno, el Tribunal resolvió que los cuatro sigan en libertad mientras el fallo no quede firme. Como condición, deberán fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el Tribunal y gestionar autorización previa si quieren salir de la provincia de Corrientes. Estas obligaciones quedarán vigentes durante todo el trámite de apelaciones que puedan presentar las defensas.
Previo a la lectura del veredicto, la querella que representa a la familia de Lautaro había pedido una condena de 20 años de prisión para los cuatro miembros del GIR y su detención inmediata una vez leído el fallo. Sin embargo, los jueces optaron por imponer una pena menor y por medidas restrictivas, lo que marca una diferencia importante con el planteo de la parte acusadora particular.
En el mismo acto, el Tribunal absolvió a los efectivos Juan Daniel Aveiro y Vicente Manuel Pruyas Suárez. Ambos habían sido llevados a juicio por presuntos apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de Ismael Meza, quien acompañaba a Lautaro la noche del operativo en Corrientes. Al no sostenerse la acusación, los magistrados dispusieron el sobreseimiento en esta parte de la causa.
Cómo fue la noche en que el chico terminó ahogado en el río Paraná
El episodio que motivó la investigación judicial sucedió la noche del 7 de noviembre de 2021, durante los festejos por el Día del Empleado Municipal en la Costanera de Corrientes. De acuerdo con la reconstrucción del expediente, en esa zona ribereña se concentraron grupos de jóvenes y, con el correr de las horas, comenzaron varias peleas que derivaron en la intervención de la policía provincial y en la llegada de móviles del Grupo de Intervención Rápida.
Frente al ingreso de los patrulleros del GIR, muchos chicos que estaban en la Costanera comenzaron a correr. Entre ellos se encontraban Lautaro Rosé, de 18 años, y su amigo Ismael Meza, quienes huyeron hacia la playa Arazaty. En ese trayecto saltaron un alambrado perteneciente al Club Boca Unidos y avanzaron por un sector de barrancas y escombros que lleva a la orilla del río Paraná en Corrientes.
Según lo que se expuso en el juicio, en esa zona los jóvenes fueron alcanzados por personal del GIR. Testigos indicaron que los efectivos dispararon postas de goma contra ellos, lo que llevó a que ambos se arrojaran al agua en un intento por escapar. Minutos después, Lautaro empezó a gritar pidiendo auxilio y dijo que no sabía nadar, mientras que Ismael también clamó por ayuda para su amigo.
Las declaraciones incorporadas al debate oral señalaron que los uniformados continuaron con los disparos y utilizaron linternas para alumbrar el sector del río donde se encontraban los chicos. En medio de esa situación, Ismael consiguió llegar a la costa, pero fue reducido por los policías, que lo golpearon y lo esposaron, siempre de acuerdo con la versión que relató el propio joven en la audiencia. Los pedidos desesperados de Lautaro se escucharon cada vez menos hasta que cesaron por completo, lo que marca el momento en que se lo perdió de vista en el agua.
La búsqueda en el río y las pruebas halladas en Corrientes
Tras perderse el rastro del chico ahogado, se montó un operativo de rastrillaje en la zona del río Paraná donde se lo había visto por última vez. En esa recorrida, los investigadores encontraron un par de zapatillas pertenecientes a Lautaro y cartuchos antitumultos. Según la pesquisa, esos cartuchos habrían sido descartados por los efectivos luego de disparar cuando los dos jóvenes ya estaban dentro del agua.
El cuerpo de Lautaro Rosé apareció tres días después en el mismo sector del río Paraná, en Corrientes, donde se lo había visto ingresar aquella noche. Ese hallazgo se incorporó como una de las pruebas centrales del expediente, junto con los peritajes sobre el lugar, las declaraciones de testigos y los elementos recogidos en la costa.
Declaración del sobreviviente y absolución por el trato policial
El tratamiento recibido por el único sobreviviente, Ismael Meza, también fue analizado durante el juicio por la muerte del chico ahogado. El joven declaró que, una vez detenido, fue amenazado por policías para que no contara lo sucedido e incluso le habrían indicado que, si alguien le preguntaba por qué estaba mojado, dijera que se había metido al río a buscar una pelota. Dijo además que fue trasladado en otro móvil a una comisaría de Corrientes.
Sin embargo, según se relató en el debate, los jefes de guardia de esa dependencia se negaron a recibirlo sin un acta previa y sin que antes se le realizara una revisión médica, ya que presentaba golpes visibles. Finalmente, y tras nuevas amenazas según su versión, Ismael fue liberado. Pese a ese relato, el Tribunal decidió absolver a los dos efectivos acusados por apremios e incumplimiento de deberes en su perjuicio, al no contar con acusación sostenida por el Ministerio Público.
Postura del fiscal, rol de la querella y crítica por la falta de acusación
Uno de los puntos que más llamó la atención en el proceso fue la conducta del fiscal de la causa, Carlos Lértora. Durante el debate oral, el funcionario sostuvo que las pruebas reunidas contra los integrantes del GIR eran insuficientes y, por ese motivo, decidió no formular acusación contra los policías por la muerte del chico ahogado. Además, pidió que el testigo principal, Ismael Meza, fuera investigado por presunto falso testimonio.
El Tribunal Oral Penal 1 rechazó ese planteo contra el sobreviviente y siguió adelante con el análisis de las pruebas del expediente. Según se señaló en la audiencia, Lértora tiene la jubilación aprobada desde hace casi dos años, aunque aún continúa en funciones. Ese dato quedó mencionado en la audiencia y fue parte de las discusiones en sala.
La actuación del Ministerio Público Fiscal fue cuestionada por la representación legal de la familia de Lautaro. El abogado querellante, Hermindo González, afirmó que “si la familia no se hubiera constituido en querellante, el caso hubiera quedado impune”, en referencia a la decisión de la fiscalía de no impulsar la acusación contra los efectivos del GIR de Corrientes.
En su requerimiento, la querella había solicitado penas de 20 años de prisión para los cuatro policías condenados por abandono de persona agravado y la inmediata detención al conocerse el veredicto. Finalmente, el Tribunal fijó una condena de 10 años y estableció que los efectivos cumplan medidas restrictivas mientras se espera que la sentencia adquiera firmeza en las instancias superiores.
