Una condena judicial en La Rioja ordenó pagar $30 millones a una mujer por difamar y hostigar a su expareja durante seis años en redes sociales. El fallo, difundido el jueves 23 de abril de 2026, sostuvo que hubo publicaciones ofensivas desde una cuenta personal y también desde perfiles falsos. Además del resarcimiento económico, la sentencia dispuso que el contenido de la resolución sea publicado en las mismas plataformas donde aparecieron los ataques.
De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, las agresiones afectaron el honor, la reputación y la vida personal del denunciante, un policía provincial. En el expediente también se señaló que la situación tuvo consecuencias en su ámbito laboral, ya que se la vinculó con un sumario administrativo y con limitaciones para ascender.
La decisión judicial incluyó, además, una medida para asegurar el cumplimiento: si no se concreta el pago, podrá avanzarse con el embargo de bienes. La cifra original de la indemnización había sido fijada en $4 millones, pero con los intereses acumulados llegó a $30 millones.
La condena y los $30 millones
La causa giró alrededor de una serie de publicaciones que, según la resolución, fueron sostenidas en el tiempo y tuvieron como objetivo perjudicar la imagen del hombre en espacios personales, sociales y laborales. El tribunal entendió que no se trató de hechos aislados, sino de una conducta repetida.
En el expediente quedaron mencionadas expresiones agraviantes que fueron dirigidas contra la víctima. Entre ellas, el fallo consignó insultos como “cornudo”, “chizito” y “coimero”, dentro de posteos que la Justicia consideró falsos y ofensivos.
Según la resolución, esos mensajes se difundieron tanto desde una cuenta identificable como mediante perfiles falsos. Por ese motivo, la sentencia remarcó el uso de distintas vías dentro de las redes sociales para continuar con el hostigamiento.
El fallo por difamar en La Rioja también ordenó publicar la sentencia en las mismas redes
Además de la indemnización de $30 millones, la mujer condenada deberá difundir el contenido del fallo en los mismos espacios digitales donde se habían publicado las agresiones. Esa parte de la resolución funcionó como una obligación adicional impuesta por el tribunal.
La medida fue incluida junto con el resarcimiento económico y con mecanismos para garantizar que lo dispuesto se cumpla. Entre ellos, la sentencia prevé el embargo de bienes si no se realiza el pago establecido por la Justicia.
El fallo fue dado a conocer el jueves 23 de abril de 2026 y fue presentado como una decisión inédita. En ese marco, dejó asentado que las publicaciones cuestionadas provocaron un daño concreto sobre la imagen pública y privada del denunciante.
El expediente indicó efectos laborales para la víctima de la campaña para difamar
El denunciante, que se desempeña como policía provincial, sostuvo que las publicaciones no solo impactaron en su vida personal. Según lo incorporado a la causa, también hubo consecuencias dentro de su trabajo.
De acuerdo con lo expuesto en el expediente, el hostigamiento quedó relacionado con la apertura de un sumario administrativo y con restricciones en sus posibilidades de ascenso. Esos elementos fueron considerados dentro del análisis judicial.
