La condena alcanzó a tres integrantes de la familia Alluza, acusados de vender cocaína desde una vivienda de barrio Castañares, en la ciudad de Salta. Sergio David Alluza fue sentenciado a 5 años de prisión efectiva, mientras que Verónica Beatriz Alluza y Silvia Liliana Alluza recibieron 4 años cada una. La resolución se dictó en un juicio abreviado homologado por la jueza Mónica Alejandra Mukdsi, después de que los imputados admitieran su responsabilidad penal ante las pruebas reunidas en la causa.
En la audiencia intervino el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, en representación del Ministerio Público Fiscal. Según se informó, el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados permitió cerrar el proceso por la vía abreviada, aunque la pena fijada fue de cumplimiento efectivo para los tres condenados.
La investigación se había iniciado por presentaciones anónimas cargadas en la sección de denuncias del sitio web del Ministerio Público Fiscal. Allí se advertía que miembros de la familia Alluza comercializaban estupefacientes desde ese domicilio, por lo que se dispusieron tareas a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta.
La condena se apoyó en seguimientos, filmaciones y procedimientos con compradores
Durante la pesquisa, los investigadores observaron en repetidas ocasiones movimientos compatibles con la venta de droga. De acuerdo con lo incorporado al expediente, se detectaron intercambios de dinero por pequeños envoltorios entre los acusados y personas que llegaban hasta la vivienda señalada.
Además, en varios de esos episodios, quienes salían del lugar fueron demorados y se comprobó que llevaban envoltorios con pasta base. A eso se sumaron controles de comprador y registros fílmicos, elementos que, según la fiscalía, permitieron confirmar que en la casa funcionaba una boca de expendio con circulación permanente de personas en distintos momentos del día.
La acusación también incluyó otros datos reunidos durante la investigación. Entre ellos, se indicó que los integrantes del grupo familiar pasaban gran parte del tiempo en el inmueble y no registraban actividades laborales formales, mientras que dos de los condenados ya contaban con antecedentes por infracción a la Ley 23.737.
La cocaína secuestrada en dos allanamientos fue clave para sostener la acusación
Con las pruebas ya reunidas, la fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda. Ese procedimiento se concretó el 11 de noviembre de 2025 y terminó con el secuestro de más de 350 dosis de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados al fraccionamiento de la sustancia.
En ese operativo quedaron detenidos Sergio David Alluza y Verónica Beatriz Alluza. Más tarde, la incorporación de nuevas evidencias derivó en un segundo procedimiento realizado el 27 de diciembre de 2025, donde se secuestraron más dosis de cocaína y fue detenida Silvia Liliana Alluza.
Sobre los antecedentes, la causa consignó que Verónica Beatriz Alluza estaba en libertad condicional desde noviembre de 2024 por una infracción previa a la misma ley. En el caso de Sergio David Alluza, se informó que tenía antecedentes por el mismo delito y detenciones previas registradas en 2013 y 2025.
La causa contra la familia Alluza se originó por denuncias anónimas en la web fiscal
El expediente avanzó a partir de reportes anónimos que apuntaban directamente a una vivienda de barrio Castañares. Con esa información, la UFINAR ordenó una investigación que quedó en manos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó vigilancias y distintas medidas para verificar lo denunciado.
Según lo expuesto en la audiencia, la base probatoria quedó integrada por filmaciones, testimonios, procedimientos con compradores y los elementos secuestrados en los allanamientos. Con ese conjunto, la fiscalía sostuvo la imputación por comercialización de estupefacientes contra los tres condenados, quienes finalmente reconocieron los hechos ante la Justicia.

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