La Sala IV del Tribunal de Impugnación ratificó la condena contra el exintendente y actual concejal de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza: deberá cumplir 3 años de prisión condicional y queda inhabilitado de manera absoluta y de por vida para ejercer cargos públicos, votar o ser candidato, por hechos cometidos cuando fue jefe municipal hasta 2011.
La justicia salteña dejó firme la condena contra Ernesto “Kila” Gonza, exintendente de San Lorenzo y hoy concejal, y definió así tanto su situación penal como su continuidad en la política local. La Sala IV del Tribunal de Impugnación confirmó la sentencia de 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cualquier cargo público, dictada por hechos atribuidos a su gestión municipal hasta la finalización de su mandato en 2011. Además, el fallo aclara que queda excluido del ejercicio de sus derechos políticos y de diversos beneficios previsionales vinculados al Estado.
Alcance de la condena e impacto en los derechos políticos
De acuerdo con la resolución conocida en las últimas horas, la condena implica que Gonza no solo no podrá desempeñar funciones públicas, sino que también queda impedido de votar y de presentarse como candidato en futuras elecciones. La inhabilitación fue fijada con carácter absoluto y perpetuo, por lo que se extiende a cualquier tipo de empleo, función o comisión en organismos públicos, ya sea en el ámbito municipal, provincial o nacional.
El tribunal detalló que la sanción abarca la imposibilidad de acceder a nombramientos o designaciones en la administración pública, sin distinción de jerarquía ni modalidad de contratación. En esa misma línea, se estableció que tampoco podrá integrar organismos colegiados ni recibir comisiones oficiales que dependan del Estado, quedando así marginado por completo del circuito institucional mientras se mantenga vigente la medida.
Otro punto central del fallo es la suspensión en el cobro de jubilaciones o pensiones de carácter civil o militar vinculadas a su persona. La resolución indica que, mientras dure la inhabilitación, esos haberes no podrán ser percibidos directamente por Gonza, aunque sí podrán seguir cobrándose por parte de los familiares que tengan derecho a pensión, conforme a lo previsto en la normativa previsional y en la propia sentencia.
Delitos atribuidos y trayectoria judicial de la causa
La causa que ahora llegó a una condena firme se originó en irregularidades detectadas en la administración municipal de San Lorenzo durante la gestión de Gonza como intendente. Según surge de la sentencia, en 2022 se lo consideró responsable de los delitos de fraude y peculado, ambos vinculados al manejo de fondos públicos. Esa resolución fue apelada y quedó a la espera de revisión en el fuero de impugnación, trámite que culminó con la intervención de la Sala IV.
En ese proceso, los jueces analizaron el alcance de los hechos atribuidos y evaluaron la calificación legal que se había aplicado en la primera instancia. Finalmente, optaron por sostener la línea marcada en el juicio anterior, manteniendo tanto la pena de prisión en suspenso como la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Con esta decisión, se agotó una de las principales vías de revisión dentro de la Justicia provincial.
El expediente acumuló además múltiples incidencias vinculadas a la asistencia de Gonza a las audiencias. El 8 de noviembre pasado, el juez de Impugnación Ezequiel Molinati ordenó su detención inmediata por no haberse presentado a una audiencia clave, en la que se debía revisar precisamente la condena dictada en 2022. Sin embargo, durante un mes esa orden no pudo hacerse efectiva por parte del Poder Judicial, lo que sumó tensión al trámite del caso.
Impacto político en San Lorenzo y definición de su banca
Mientras la discusión judicial seguía su curso, la situación política de Gonza también generó fuertes polémicas en San Lorenzo y en Salta capital. A pesar de la condena previa, el exintendente se presentó para asumir una banca en el Concejo Deliberante de su municipio, lo que dio lugar a reclamos y debates sobre la compatibilidad entre su condición de condenado y el ejercicio de un cargo electivo.
La decisión de la Sala IV se conoció cuando Gonza ya había prestado juramento como concejal hacía casi una semana. A partir de la inhabilitación absoluta y perpetua fijada por el tribunal, queda determinado que no podrá continuar con su carrera política ni ejercer funciones derivadas de ese mandato. La resolución también deja firme la pena de 3 años de prisión condicional impuesta en el fallo de 2022 por los delitos de fraude y peculado.
