El Gobierno nacional avanzó en la compra de submarinos y lanchas patrulleras oceánicas a la empresa francesa Naval Group, en una operación de defensa reactivada por el presidente Javier Milei que ronda los dos mil millones de dólares y que incluye tres submarinos clase Scorpène y cuatro OPV clase Gowind. El acuerdo, gestado inicialmente cuando Patricia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad y retomado tras un entendimiento político entre Milei y Emmanuel Macron, vuelve a colocar en el centro de la escena a una firma señalada en investigaciones internacionales por presuntos sobornos en la venta de armamento desde la década del noventa.
Según la información conocida hasta el momento, el paquete contempla que los submarinos y las lanchas OPV sean construidos por Naval Group, con participación del astillero SPI de Mar del Plata en parte del desarrollo de las patrulleras para la Prefectura Naval. Esta decisión se enmarca en una serie de compras militares por contratación directa, en paralelo a observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre operaciones previas vinculadas al área de Seguridad y a adquisiciones navales.
La fuerza de submarinos argentina permanece inactiva desde el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 mientras realizaba tareas militares, y el Gobierno eligió a Naval Group para su recuperación, pese a los antecedentes de la compañía en causas judiciales relacionadas con presunta corrupción en Pakistán, Malasia, India y Brasil.
Argentina reanuda la compra de submarinos y lanchas OPV a Naval Group
La definición política para concretar la compra de submarinos a Naval Group fue mencionada por Javier Milei en entrevistas con medios internacionales, donde confirmó la intención de cerrar el paquete armado con Francia. Esa operación había quedado en pausa durante el período previo a las elecciones nacionales, en un contexto de fuerte tensión económica y financiera que frenó el avance de varios acuerdos de gran volumen en materia de defensa.
Sin embargo, el entendimiento entre Milei y el presidente francés Emmanuel Macron, alcanzado hacia fines de noviembre de 2024, fijó el esquema general de la operación y dejó la puerta abierta para retomar las tratativas. Desde entonces, las conversaciones se orientaron a definir plazos, financiamiento y el rol de los astilleros que intervendrán, tanto en Francia como en territorio argentino.
El corazón del acuerdo es la adquisición de tres submarinos clase Scorpène, modelo que Naval Group viene comercializando en distintos países, y cuatro lanchas OPV clase Gowind destinadas a tareas de patrullaje y control marítimo. Las patrulleras serían incorporadas a la flota de Prefectura Naval, mientras que los submarinos se sumarían a la Armada para recomponer una capacidad estratégica perdida desde la tragedia del ARA San Juan.
Fuentes oficiales señalaron que el astillero marplatense SPI tendría una participación en la construcción de las OPV, aunque especialistas del sector naval manifestaron dudas sobre la capacidad instalada y la infraestructura necesaria para afrontar un proyecto de esta escala en los tiempos previstos por el acuerdo. Esas objeciones se suman a críticas previas de la industria local, que reclamaba mayor protagonismo en contratos de este tipo.
Naval Group, antes conocida como DCNS, es una compañía de capitales mixtos, con mayoría accionaria del Estado francés. Su presencia en el mercado de defensa la convirtió en un actor central en la exportación de buques militares y submarinos, pero también en protagonista de causas por presunta corrupción vinculadas a comisiones ilegales y pagos a intermediarios en varias operaciones internacionales.
Contrataciones directas, helicópteros y observaciones de la Auditoría General
La elección de Naval Group se da dentro de un esquema más amplio de compras militares por contratación directa, modalidad que también se utilizó recientemente para la adquisición de helicópteros navales. En esa línea, Argentina aprobó el financiamiento para la compra de cuatro helicópteros livianos, por un total de 71 millones de euros, a través de un préstamo del Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, según lo establecido en el decreto 924 firmado a fines de diciembre de 2025.
Estas decisiones se adoptan en un contexto en el que la Auditoría General de la Nación había cuestionado operaciones anteriores vinculadas al Ministerio de Seguridad, particularmente durante la gestión de Patricia Bullrich. La AGN elaboró un informe en noviembre de 2024 donde analizó una compra de cuatro lanchas a Israel mediante contratación directa, amparada en la declaración de emergencia en seguridad.
Esa adquisición se concretó con el astillero Israel Shipyards por un monto de 49 millones de dólares y, de acuerdo con el organismo de control, presentó problemas tanto en el precio como en el proceso aplicado. La AGN sostuvo que se detectaron sobreprecios en comparación con alternativas disponibles en el mercado y deficiencias en materia de transparencia y cumplimiento normativo.
Para sustentar esas conclusiones, la Auditoría tomó como referencia un estudio comparativo del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Ese trabajo comparó ofertas similares de lanchas de características equivalentes y determinó que el Estado terminó pagando un 138 por ciento más que las opciones más convenientes en términos económicos.
El informe de la AGN afirmó textualmente que “se verificó que la adquisición de 4 Lanchas Shaldag por un monto de USD 49.000.000 al Astillero Israel SHIPYARDS Ltd., por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, se apartó de la normativa de contratación aplicable”. Además, en las conclusiones se indicó que “las diversas irregularidades detectadas en materia de razonabilidad y transparencia” impedían evaluar de manera adecuada la pertinencia del gasto realizado.
Antecedentes de la licitación de OPV y la denuncia penal de Raúl Podetti
Las tratativas con Naval Group por las lanchas OPV no surgieron de cero con la actual administración. Se remontan a la etapa en que Patricia Bullrich encabezaba el Ministerio de Seguridad, cuando ya se analizaba la posibilidad de encarar una compra combinada de embarcaciones para Prefectura y la Armada, en paralelo a otros proyectos de reequipamiento.
En ese momento, el diario Ámbito Financiero consultó a la cartera de Seguridad sobre los motivos para inclinarse por la empresa francesa en la eventual construcción de las lanchas, pero no obtuvo una respuesta oficial. La situación no cambió con la llegada de Alejandra Monteoliva, excolaboradora de Bullrich que la sucedió en el cargo, y la negociación se mantuvo con un bajo nivel de información pública disponible.
En medio de ese escenario, el ingeniero naval Raúl Podetti presentó una denuncia penal en la que sostuvo que la licitación para la compra de lanchas OPV estaba “direccionada” a favor de Naval Group. Según su presentación, el esquema preveía el trabajo conjunto con el astillero SPI de Mar del Plata, pese a las dudas de técnicos y especialistas respecto de la capacidad material de ese establecimiento para cumplir con los requerimientos del contrato.
Para Podetti, la combinación entre Naval Group y SPI planteaba interrogantes sobre la competitividad del proceso y el grado de apertura a otras propuestas. La denuncia quedó como antecedente directo del vínculo que hoy se reactiva entre el Estado argentino y la empresa francesa para la provisión de submarinos y OPV.
Investigaciones internacionales y el historial de Naval Group
La compañía Naval Group, que en décadas anteriores operó bajo las siglas DCN y luego DCNS, arrastra una larga serie de acusaciones por presunta corrupción en el comercio internacional de armamento. El punto de partida se ubica a mediados de los años noventa, cuando Francia vendió tres submarinos a Pakistán en 1994 y se pusieron bajo la lupa pagos de comisiones millonarias a funcionarios e intermediarios.
En esa operación, el entonces fabricante estatal DCNS habría pagado 51 millones de euros en sobornos a autoridades políticas paquistaníes, según diversas investigaciones judiciales y periodísticas. Además, la empresa fue señalada por el presunto pago de 33 millones de euros a los intermediarios Ziad Takieddine y Abdul Rahman El-Assir, sospechados de desviar parte de esos fondos hacia la campaña presidencial del ex primer ministro francés Eduard Balladur, en 1995.
El periodista Jean Guisnel, especializado en temas militares y en los mecanismos de corrupción asociados a la exportación de armas, describió estos esquemas como parte de “la naturaleza rutinaria y sistemática” de las prebendas en el sector. En uno de sus trabajos, documentó que “entre 1991 y 2002, DCNS vendió barcos por un valor de 60.000 millones de francos (9.150 millones de euros), de los cuales entre un 8 y un 10 por ciento, es decir entre 732 y 915 millones de euros, se pagaron en Frais Commerciaux Exceptionelles (los FCE son gastos comerciales excepcionales)”.
Según Guisnel, esos FCE eran en realidad pagos de comisiones, es decir, sobornos, que hasta la adhesión de Francia a la Convención de la OCDE contra la Corrupción en 1999 no solo eran legales, sino también deducibles de impuestos. En algunos casos de la década de 1990, incluso se cargaron a la agencia estatal francesa de exportación de armas, SOFRIMA, lo que mostraba el carácter extendido y formalizado de esas prácticas.
En 2008, durante un allanamiento a las oficinas de DCNS, la Justicia francesa encontró un cuaderno perteneciente a un exdirector financiero de la compañía. Ese documento detallaba cómo se organizaban los pagos de comisiones y la comercialización en varios contratos de buques y submarinos construidos por el astillero, y se transformó en pieza clave para entender el funcionamiento interno de la empresa en operaciones sensibles.
Casos en Malasia, India y Brasil, y el cambio de nombre a Naval Group
Ya entrado el nuevo siglo, uno de los episodios más resonantes vinculados a la empresa fue la venta de submarinos a Malasia en 2002. En el marco de esa operación, en 2024 la Fiscalía Nacional Financiera de Francia pidió que Thales y DCNI, el brazo internacional de DCNS, junto con tres exejecutivos y un intermediario, fueran llevados a juicio por sospechas de corrupción. La acusación se centró en presuntos pagos ilegales destinados a influir en la decisión del entonces ministro de Defensa malasio, Najib Razak.
La investigación reveló que la firma Terasasi, de estructura mínima y sin registros de trabajos de consultoría en los allanamientos a Thales y DCNI, habría funcionado como vehículo para canalizar los pagos. Un exfuncionario de DCNI declaró que Terasasi operaba como una “empresa fantasma” creada para evitar vínculos contractuales directos con Abdul Razak Baginda, señalado como intermediario clave en la negociación. El fiscal interpretó este esquema como una forma de aparentar cumplimiento de las normas anticorrupción sin modificar la lógica de comisiones.
Otro capítulo relevante ocurrió en 2016, cuando se filtraron planos y datos sobre la capacidad de combate y el perfil de sigilo de seis submarinos Scorpene vendidos a India. La información habría sido sustraída por un exoficial de la Marina francesa contratado por la compañía. La filtración generó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad de los proyectos de Naval Group y su manejo de documentación clasificada.
La acumulación de estos episodios llevó a que, en 2017, la firma encabezara el Ranking de Corrupción Militar elaborado por el Compendium of Arms Trade Corruption de la Fletcher School de la Universidad de Tufts, para la World Peace Foundation. Ese mismo año, en medio del desgaste de su imagen pública, las autoridades francesas anunciaron que DCNS pasaría a llamarse oficialmente Naval Group.
La estructura accionaria de la empresa se mantiene con un 62 por ciento en manos del Estado francés y un 35 por ciento del grupo de electrónica de defensa Thales SA. En paralelo, se conoció que fiscales franceses investigaban si DCNS había realizado pagos indebidos en un contrato firmado en 2008 para vender cinco submarinos a Brasil por un monto de siete mil quinientos millones de dólares, causa vinculada al escándalo Lava Jato y a presunta “corrupción de funcionarios extranjeros”.
En este marco, las decisiones recientes del Gobierno argentino de reactivar la compra de submarinos y lanchas OPV a Naval Group, tras el acuerdo político entre Javier Milei y Emmanuel Macron, se apoyan en un vínculo con antecedentes de denuncias penales locales, observaciones de la AGN sobre procesos de adquisición y un historial internacional de investigaciones por presuntos sobornos en el comercio de armamento.
