El comedor Gauchito Gil, clausurado en La Silleta, quedó en el centro de una denuncia pública realizada por Enrique Eguez, un vecino que aseguró que desde hace dos años no puede sostener su actividad por la falta de renovación de la habilitación municipal. Según su relato, el conflicto se arrastra desde el cambio de gestión y se cruza con una disputa familiar por un juicio sucesorio. El hombre, que además indicó que es una persona con discapacidad, sostuvo que presentó documentación para seguir trabajando, pero que recibió negativas y exigencias que consideró imposibles de cumplir.
Eguez afirmó que su único ingreso salía del comedor Gauchito Gil, ubicado sobre calle San Martín, en La Silleta, y remarcó que el local tenía habilitación comercial desde 2016. A la vez, señaló que ese antecedente es anterior al conflicto sucesorio que hoy menciona como parte del contexto. En su denuncia también vinculó la situación con una presunta persecución política y apuntó contra una media hermana, María Cristina Trujillo, por una supuesta cercanía con autoridades municipales.
La familia difundió además un descargo luego del cierre del local. Allí confirmó que el negocio fue clausurado y cuestionó la legalidad de esa medida. También indicó que el emprendimiento representaba el sostén económico del grupo familiar y de otras personas que dependían del funcionamiento diario del comedor.
El reclamo por la habilitación del comedor Gauchito Gil clausurado en La Silleta
De acuerdo con el testimonio de Eguez, en marzo de 2024 presentó “todos los papeles necesarios” para renovar la habilitación comercial. Sin embargo, sostuvo que no obtuvo una respuesta favorable y que durante el trámite le fueron pidiendo condiciones técnicas y administrativas que calificó como absurdas o inconsistentes.
El vecino explicó que, sin esa renovación, tampoco podía avanzar con otros requisitos necesarios para trabajar con normalidad. Entre esos trámites mencionó el permiso para venta de bebidas, el seguro contra terceros, la fumigación y la colocación de matafuegos. También dijo que tenía documentación al día, incluidos los papeles de bomberos.
En ese punto, aseguró que en La Silleta hay otros comercios que, según su mirada, no reúnen condiciones básicas que sí tendría su local. En ese sentido, mencionó que el comedor contaba con baño y sostuvo que existen negocios que funcionan con letrinas o incluso sin permiso municipal.
La familia cuestionó la clausura y habló de un perjuicio laboral
Tras conocerse que el comedor Gauchito Gil quedó clausurado en La Silleta, la familia Eguez difundió un texto en el que expresó su malestar por la situación. Allí señaló: “Es triste ver como un emprendimiento familiar de años, el cual nos permitio vivir de eso, estudiar gracias a eso, poder progresar, brindar fuentes de trabajo, hacer que mi pueblo sea reconocido o visitado por su gastronomia, hoy fue clausurado. Si gentee CLAUSURADO”.
En el mismo descargo, también sostuvo: “Lo que mas bronca me da, es que NO es una clausura justaaa. El comedor tenia habilitacion, se pagaba impuestos y se tenia los permisos correspondientes”. Luego agregó que el problema apareció al momento de renovar esa autorización: “Cuando llego el momento de RENOVARLA comenzo todo el problema, nos ponian miles de trabaas para RENOVAR la habilitacion, la cual me permite a su vez que se vuelvan a renovar todos los demas permiso. Pero obviamente nunca la pudimos obtener”.
La publicación además indicó que, según la versión familiar, no hubo una negativa a cumplir con trámites o pagos, sino una imposibilidad derivada de los requisitos solicitados. En esa línea, afirmaron: “Esto no fue algo que nosotros no quizimos hacer o pagar.. no gente, nos NEGARON incansables veces esa bendita habilitacion pidiendono requisitos absurdos”.
El impacto económico y las acusaciones que acompañan la denuncia
Eguez señaló que la paralización del comedor no solo golpea a su familia, sino también a quienes trabajaban allí. Según detalló, del negocio dependían tres empleadas. Indicó que entre ellas hay dos madres solteras; además, dijo que una tiene una hija con discapacidad y que otra es paciente oncológica y usaba ese ingreso para comprar medicamentos.
La familia agregó en su mensaje que desde el comienzo de la actual gestión sufrió inspecciones y cartas documento con una frecuencia que, según aseguró, no observó en otros comedores de la zona. En ese texto sostuvo: “Desde que comenzo la gestion fue una desgastante lucha ya que creo que somos el unico comedor al que la muni mando tantas ” visitas” y cartaas documento, obvimente todas orquestadas por una persona en particular”.
También vinculó la clausura con la supuesta influencia de esa persona dentro del ámbito municipal. En el descargo, la familia afirmó: “La verdad es imprensionante sber el poder que tubo esa persona sobre la autoridad del municipio para que sea el mismo el que nos firme la clausura”. Tras el cierre, además, pidió disculpas a los clientes y señaló que estaba buscando alternativas para enfrentar la situación.
