La CGT presentó una ofensiva judicial contra dos jueces y contra el fallo que reactivó la reforma laboral. La central sindical recusó a Víctor Arturo Pesino y María Dora González, pidió la nulidad de la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y reclamó que el expediente sea enviado a otra sala. La presentación fue realizada el 27 de abril de 2026, con la firma del abogado Pablo Topet, y además dejó planteado el caso federal para una eventual llegada a la Corte Suprema.
Según el escrito, la objeción apunta tanto a la actuación de los magistrados como al contenido de la resolución que dejó sin efecto la cautelar que mantenía suspendidos cerca de 80 artículos de la reforma laboral. La CGT sostuvo que hubo prejuzgamiento y remarcó cuestionamientos puntuales sobre la intervención de Pesino.
Al mismo tiempo, la central adelantó que impulsará presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso quedó incorporado en la nueva estrategia con la que busca revertir la decisión judicial.
La CGT pidió apartar a los jueces y anular el fallo
En su presentación, la central sindical solicitó que los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González sean separados del expediente. Junto con eso, reclamó que se declare nula la sentencia de la Cámara que reactivó la reforma laboral.
El escrito firmado por Pablo Topet sostuvo que la resolución “carece de todo fundamento” y además calificó lo actuado como “una conducta contraria a la ética”. Sobre esa base, la CGT argumentó que existen motivos suficientes para revisar lo resuelto y para que el caso quede en manos de otro tribunal dentro de la misma Cámara.
Además, la organización sindical señaló que no participó del trámite que terminó en la resolución cuestionada. Por eso, uno de los pedidos centrales fue que el expediente no siga en la misma sala y pase a otra instancia dentro del fuero laboral.
La reforma laboral volvió a escena y abrió otro frente judicial
El fallo impugnado dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía cerca de 80 artículos de la reforma laboral. A partir de esa decisión, la CGT avanzó con una nueva presentación para frenar la reactivación de esos puntos.
Entre los argumentos, la central cuestionó que la sentencia no haya precisado qué disposiciones debían volver a entrar en vigencia. En ese tramo del escrito afirmó: “Omisión y prejuzgamiento confluyen en la descalificable sentencia”. También remarcó que los derechos laborales tienen “naturaleza alimentaria”.
Para la CGT, esa falta de precisión impacta sobre derechos de los trabajadores y vuelve necesario revisar de manera integral lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Uno de los cuestionamientos se concentró en Pesino
La central puso el foco especialmente sobre Víctor Arturo Pesino. Según el planteo, el juez habría recibido “un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional” mientras se analizaba un pedido para extender su permanencia en el cargo más allá del límite de 75 años fijado por la Constitución.
Desde esa posición, la CGT sostuvo que esa situación compromete su imparcialidad. Con ese argumento, sumado al planteo de prejuzgamiento, pidió su apartamiento y el de María Dora González.
Además de la recusación y del pedido de nulidad, la central dejó planteado el caso federal para llevar la discusión ante la Corte Suprema. También anticipó que promoverá presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
