La Justicia imputó al propietario de Cerdo Negro en una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada. El imputado está vinculado a una finca destinada a la producción porcina, donde también se realizaban tareas de cultivo y cosecha de tabaco y aceitunas. La pesquisa se centra en la situación de siete trabajadores, aunque durante un procedimiento fueron relevadas 20 personas en el establecimiento.
La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 145, destinada a reportar posibles hechos de trata y explotación de personas. Tras esa comunicación, se realizó una inspección en el predio asociado a la firma gastronómica Cerdo Negro.
La acusación todavía está en etapa de investigación y no implica una condena. El empresario mantiene su estado de inocencia mientras la Justicia incorpora pruebas para determinar las condiciones laborales y habitacionales detectadas en la finca.
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La inspección relevó a 20 trabajadores en la finca
Del procedimiento participaron integrantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, conocida como PROTEX, junto con agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA. Durante la intervención se registró la presencia de 20 trabajadores.
Además, las actuaciones incorporaron fotografías tomadas dentro del establecimiento. Ese material forma parte de los elementos que serán analizados en el expediente judicial junto con los datos obtenidos durante el relevamiento.
Sin embargo, la imputación contra el dueño de Cerdo Negro se refiere específicamente a siete personas consideradas presuntas víctimas. La calificación legal es trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por la cantidad de afectados, su presunta situación de vulnerabilidad y la posible consumación de la explotación.
Las condiciones de vivienda también forman parte de la causa
Según lo expuesto en la audiencia, algunos empleados residían en habitaciones con piso de tierra. También se indicó que dormían en camas improvisadas con palets y que contaban con letrinas como sanitarios.
La investigación señaló, además, que los trabajadores debían calentar agua en recipientes para higienizarse. Entre los aspectos bajo revisión figuran las condiciones de alojamiento dentro de la finca y la forma en que se desarrollaban las tareas diarias.
La Justicia fijó seis meses para reunir nuevas pruebas
El expediente también examina presuntas irregularidades laborales. De acuerdo con la información aportada por Fiscales Penales, se habrían detectado salarios bajos y deficiencias en la registración de empleados.
Asimismo, se mencionó que algunos trabajadores habrían tenido dificultades para cubrir su alimentación. Estos puntos serán evaluados junto con el resto de las pruebas vinculadas a las condiciones de empleo y residencia en el predio.
La Justicia estableció un plazo de seis meses para profundizar la pesquisa. En ese período se producirán medidas de prueba orientadas a precisar responsabilidades y verificar la situación de las personas encontradas en la finca.
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Entre las medidas coercitivas dispuestas para el imputado figuran la prohibición de salir del país y la restricción para contactarse con determinados empleados vinculados al caso.
