La Cámara de Diputados de Salta se prepara para tratar una ley vinculada al uso de celulares en cárceles provinciales. El proyecto busca bloquear comunicaciones no autorizadas, prohibir dispositivos con internet y ordenar los contactos de las personas detenidas mediante equipos institucionales. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario señalaron que la restricción ya existe en normas vigentes, especialmente en una resolución de la Secretaría de Justicia que regula el tema desde hace más de 20 años.
El debate por los celulares en cárceles salteñas
La discusión legislativa nació a partir de una iniciativa presentada por legisladores de La Libertad Avanza. El texto propone impedir la tenencia y el uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios de la provincia, tanto para llamadas como para mensajes o acceso a internet.
La propuesta no se limita a celulares comunes. También alcanza a smartphones, tablets, computadoras portátiles con conectividad y cualquier otro aparato que permita comunicarse por redes móviles o digitales. De esa manera, el proyecto busca cerrar el paso a distintos equipos que puedan ser utilizados sin autorización dentro de los penales.
Además, la iniciativa plantea dejar sin efecto cualquier disposición administrativa que hoy habilite, de alguna forma, el uso de teléfonos personales por parte de internos. Ese punto aparece como uno de los ejes del debate, ya que el Servicio Penitenciario sostuvo que el marco actual ya contiene prohibiciones expresas.
Según fuentes del organismo penitenciario, el Reglamento Interno de las unidades carcelarias incluye límites sobre esta materia. En particular, mencionaron la Resolución N° 159/02 de la Secretaría de Justicia, una normativa que, según indicaron, prohíbe el uso de celulares en el ámbito carcelario desde hace más de dos décadas.
Cómo serían las comunicaciones si avanza la ley
El proyecto no elimina el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con el exterior. Lo que plantea es que esos contactos se realicen únicamente mediante teléfonos fijos o dispositivos institucionales administrados por el Servicio Penitenciario.
En ese esquema, las llamadas tendrían un tope de 40 minutos por día. También deberían concretarse en horarios definidos con anterioridad, mientras que cada comunicación quedaría registrada y supervisada por personal autorizado del establecimiento correspondiente.
La excepción prevista corresponde a las comunicaciones entre los internos y sus abogados defensores. Esos contactos conservarían carácter confidencial, a diferencia del resto de las llamadas que se realicen a través de equipos institucionales.
La iniciativa incorpora, además, una modalidad de videollamadas. Ese sistema solo podría funcionar en espacios especialmente acondicionados y bajo registro audiovisual, siempre dentro de un esquema administrado por el Servicio Penitenciario.
Bloquear señales sin afectar a vecinos ni emergencias
Otro punto central del proyecto es la instalación obligatoria de inhibidores de señal celular e internet en las cárceles provinciales. La medida abarcaría pabellones, módulos y perímetros, con el objetivo de impedir conexiones no autorizadas dentro de esos sectores.
Para avanzar con esa etapa, la iniciativa prevé una coordinación con el Ente Nacional de Comunicaciones, conocido como ENACOM. También contempla estudios técnicos para evitar interferencias sobre comunicaciones de vecinos o servicios de emergencia cercanos a los establecimientos penitenciarios.
Los legisladores que impulsan el texto sostienen que la prohibición legal de dispositivos móviles y el bloqueo de señales permitirían reducir maniobras delictivas organizadas desde el interior de los penales. También plantean que una norma específica daría más herramientas jurídicas para intervenir ante el uso ilegal de equipos de comunicación.
Desde el Servicio Penitenciario, en tanto, remarcaron que ya existen restricciones vigentes sobre celulares en las cárceles de Salta. La referencia normativa citada por el organismo fue la Resolución N° 159/02 de la Secretaría de Justicia.
