La Dirección Nacional de Vialidad puso en marcha presentaciones judiciales para recuperar espacios ocupados en zonas de camino de distintas (edificaciones irregulares/rutas/Salta). Los expedientes se tramitan en fiscalías y juzgados federales de Orán y de la capital salteña, mientras el organismo además prepara una nueva presentación ante la Justicia Federal de Tartagal por situaciones detectadas sobre la ruta nacional 81. Según las fuentes consultadas, las actuaciones buscan restituir sectores donde hay construcciones, puestos, cercos e instalaciones montadas sobre áreas prohibidas, con impacto sobre la circulación y la seguridad vial.
El frente más visible está sobre la ruta nacional 50, en las cercanías de Aguas Blancas, donde se relevaron cerca de 150 edificaciones irregulares. También hay intervenciones en la ruta 16, en la traza 9/34 y en cruces como los de Güemes y Pichanal. A la par, inspectores avanzan con constataciones en otros puntos para sumar documentación a causas que pueden seguir por la vía civil o penal.
En los últimos días ya hubo operativos con funcionarios de Vialidad nacional y apoyo de Gendarmería. Durante esos procedimientos se notificó a ocupantes irregulares sobre intimaciones cursadas con intervención de juzgados de garantía. De acuerdo con lo informado, esas medidas comenzaron a desprenderse de expedientes abiertos tras verificarse ocupaciones en áreas de la red vial nacional, varias de ellas denunciadas por usuarios.
La ruta 50 concentra uno de los puntos más delicados por la cantidad de construcciones detectadas
Uno de los sectores bajo mayor atención está en la ruta nacional 50, en inmediaciones de Aguas Blancas, dentro del departamento Orán. Allí se registraron cerca de 150 edificaciones irregulares levantadas en zona de camino. Entre las estructuras relevadas figuran inmuebles de más de una planta, depósitos, galpones y locales comerciales.
La dimensión del problema hizo que los planteos judiciales presentados ante la Justicia Federal de Orán alcanzaran incluso sectores vinculados con la zona de seguridad fronteriza y el Area de Control Integrado. Ese dato muestra que no se trata solo de pequeños avances sobre banquinas, sino de ocupaciones de escala considerable en un corredor muy sensible.
Desde el organismo indicaron que la presencia de estas construcciones restringe tareas básicas sobre la infraestructura vial. Entre ellas se mencionan el mantenimiento de banquinas, el desmalezado y la posibilidad de proyectar o ejecutar obras necesarias para mejorar la transitabilidad. Además, la ocupación del espacio afecta condiciones de visibilidad y de circulación en un tramo donde el movimiento es constante.
Dentro de los expedientes también fueron incorporadas consultas sobre cómo se asentaron y habilitaron algunos emprendimientos instalados junto a la traza. Según la documentación citada, Vialidad nacional pidió información a municipios y empresas de servicios públicos sobre varios de esos casos. La falta de respuestas derivó luego en presentaciones ante fiscalías federales, con señalamientos concretos sobre puntos de la ruta 50 y también de la 16.
Las actuaciones se extienden a cruces, empalmes y accesos de otras rutas nacionales en distintos departamentos
Otra zona observada es el empalme de las rutas nacionales 16 y 9/34, cerca de Ríos Piedras, en el departamento Metán. En ese lugar está prevista la construcción de un puente distribuidor pensado para separar a distinto nivel los recorridos que hoy confluyen en un punto de tránsito intenso y de transporte pesado. Allí, de acuerdo con lo informado, la seguridad se ve comprometida tanto por la configuración del corredor como por la instalación de más de 20 puestos junto al camino.
Esos puestos, siempre según las fuentes consultadas, dificultan la visión de quienes manejan y aparecen ligados a maniobras riesgosas. Por eso el área quedó bajo seguimiento dentro del proceso de recuperación de la zona de camino. En paralelo, inspectores desarrollan relevamientos sobre la ruta 16 en accesos a Joaquín V. González y Gaona, y sobre la 9/34 en Metán y Paso El Durazno.
La lista también incluye los cruces de Güemes y de Pichanal. En este último punto se mencionan puestos montados sobre banquinas de las rutas 34 y 16. Vialidad sostiene en esos expedientes que se busca restablecer la posesión de espacios del dominio nacional que, por normativa, forman parte de la zona de camino y no pueden ocuparse sin autorización expresa del organismo.
Junto con las construcciones y los puestos, las fuentes añadieron que hubo avances mediante alambrados en varios tramos. En esos casos, explicaron, algunas situaciones pudieron resolverse por la vía administrativa y con predisposición de propietarios frentistas. Sin embargo, cuando la ocupación persiste o compromete sectores más complejos, el camino elegido pasa por la intervención judicial.
La ruta 81 también será incorporada a la ofensiva judicial
De acuerdo con fuentes del Quinto Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad, los apoderados legales del organismo formalizarán en los próximos días una nueva presentación vinculada con la ruta nacional 81. Ese paso se apoyará en relevamientos hechos durante las últimas semanas y será llevado ante el Juzgado Federal de Tartagal.
La preparación de esa demanda se suma a otras actuaciones ya iniciadas en Orán y en la capital salteña. De esa manera, el mapa de intervención abarca varios corredores nacionales que atraviesan la provincia, con distintos niveles de avance según cada expediente y según el tipo de ocupación constatada en el terreno.
En algunos casos ya fueron dictadas órdenes judiciales para comenzar con el despeje de sectores ocupados. En otros, todavía se completan inspecciones y constataciones previas. Las fuentes señalaron que esas tareas funcionan como base para futuras acciones civiles o penales, según corresponda.
Qué dice la norma sobre la zona de camino y por qué las ocupaciones llegan a la Justicia
La zona de camino de las rutas nacionales incluye no solo la calzada, sino también las banquinas y una franja adicional destinada a seguridad. Ese espacio a ambos lados de la vía no puede ser usado sin la autorización correspondiente de la Dirección Nacional de Vialidad. Así lo establece la ley nacional de tránsito 24449, que además prevé que una ocupación indebida puede derivar en una causa penal.
La normativa vigente también marca que las construcciones en esa zona están expresamente prohibidas, salvo excepciones puntuales. Entre ellas se contemplan obras básicas de infraestructura vial, instalaciones esenciales para servicios y estaciones de peaje o de control de cargas y dimensiones de vehículos. Fuera de esos supuestos, el uso del lugar no está permitido.
Dentro de los expedientes abiertos también aparecen cuestionamientos sobre el rol de municipios y empresas de servicios públicos. La documentación incorporada a las denuncias puso bajo análisis posibles omisiones en controles de obras, habilitaciones comerciales y prestación de servicios como agua corriente y energía eléctrica en propiedades instaladas junto a rutas nacionales.
Avanzan en la recuperación de zonas de camino ocupadas por edificaciones irregulares en rutas de Salta
Según lo informado, la multiplicación de edificaciones sobre banquinas y sectores de seguridad terminó consolidando obstáculos para el tránsito y para las tareas de mantenimiento. En los últimos días, durante los operativos con apoyo de Gendarmería, ocupantes de distintos puntos fueron notificados de las intimaciones cursadas en el marco de esas actuaciones judiciales.
