¿Por qué casi 70 causas de menores siguen en la Fiscalía?

La jueza Nadia Cruz aclaró que la falta de intervención judicial no significa que las denuncias contra adolescentes hayan sido descartadas.

La Fiscalía concentra hasta ahora las actuaciones iniciadas en Salta bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, mientras que ninguna de esas causas fue llevada a un juez especializado. La jueza Penal Juvenil 1, Nadia Cruz, informó que está de turno, aunque no recibió planteos fiscales para intervenir. Según datos difundidos previamente, se habrían abierto 67 expedientes por hechos atribuidos a menores de 14 años, pero no se precisó si esa cifra incluye adolescentes de otras edades.

La magistrada explicó que una denuncia puede estar en investigación sin que exista todavía una audiencia o una resolución judicial. En esa etapa, el Ministerio Público Fiscal recibe la información, reúne elementos y define si corresponde solicitar una medida ante un juzgado penal juvenil.

La Fiscalía mantiene las actuaciones iniciales en Salta

Cruz señaló que la falta de expedientes judicializados no implica que no existan denuncias ni averiguaciones en curso. La intervención de un juez comienza cuando la Fiscalía formula un pedido concreto vinculado con una audiencia, una autorización, una medida restrictiva o el control de una decisión tomada durante la pesquisa.

“No hay ningún caso que se haya jurisdiccionalizado. No hubo intervención de un juez penal porque no hubo pedido fiscal”, afirmó Cruz durante una entrevista con AM 840.

De acuerdo con la explicación de la jueza, los fiscales analizan las particularidades de cada hecho denunciado antes de definir un eventual planteo judicial. Por eso, los registros que permanecen en la órbita fiscal todavía no fueron sometidos a una decisión de la Justicia Penal Juvenil.

Qué implica que una causa no esté judicializada

La jueza remarcó que el Ministerio Público Fiscal es el ámbito donde inicialmente llegan las presentaciones vinculadas con posibles delitos. Allí se pueden ordenar medidas para conocer las circunstancias del hecho y establecer si hubo personas involucradas.

“Es posible que hayan existido denuncias contra adolescentes, pero no se jurisdiccionalizó”, sostuvo la magistrada. También indicó que esa situación no permite afirmar que los expedientes hayan sido archivados ni que las investigaciones se hayan detenido.

Las causas conocidas y el alcance del Régimen Penal Juvenil

Una publicación anterior de El Tribuno informó sobre 67 causas iniciadas por hechos atribuidos a menores de 14 años. Sin embargo, no se comunicó si esos expedientes corresponden solamente a ese grupo etario o si comprenden casos de adolescentes de otras edades.

El nuevo régimen alcanza a quienes tenían 14 años y menos de 18 al momento del hecho investigado. Los menores de 14 años quedan fuera de la persecución penal prevista en esa normativa, aunque la Fiscalía puede intervenir para esclarecer lo denunciado.

En esas situaciones también pueden investigarse eventuales participaciones de personas adultas y disponerse medidas destinadas a resguardar a las víctimas y al menor involucrado. La diferenciación de edades resulta central para determinar qué actuaciones pueden avanzar bajo el régimen vigente.

Un congreso nacional abordará la aplicación de la normativa

Cruz participa además en la organización del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, programado para el 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta. La actividad reunirá a jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios.

Durante las jornadas se tratarán la puesta en práctica del nuevo régimen y las respuestas institucionales ante hechos protagonizados por adolescentes. La convocatoria incluye a integrantes de ámbitos judiciales, fiscales y de defensa.

La jueza sostuvo que las intervenciones deben contemplar las condiciones propias de los adolescentes, así como aspectos relacionados con adicciones, vínculos familiares y situaciones de vulnerabilidad. Según explicó Cruz, el objetivo es impedir que la intervención de un adolescente en el sistema penal se convierta en “un paso hacia un delito adulto”.

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