La causa por presunta trata sexual de estudiantes secundarias en Salta sigue en plena etapa de instrucción, con ocho imputados, bienes inhibidos y la posibilidad de una reparación económica millonaria para más de una decena de víctimas. La Justicia continúa analizando cámaras Gesell y peritajes de celulares y otros dispositivos, mientras el Ministerio Público se prepara para una acusación formal y un reclamo de resarcimiento de alto monto.
La investigación por trata en colegios salteños sigue abierta y apuntan a una reparación millonaria
La causa que investiga una presunta red de trata sexual que habría captado alumnas de escuelas secundarias de Salta sigue sin fecha de juicio y continúa concentrada en la recolección y análisis de pruebas. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el expediente permanece en la etapa de instrucción y todavía no se dio por cerrada la producción de elementos probatorios.
Según explicaron los voceros, el objetivo central de esta fase es consolidar la acusación penal y, al mismo tiempo, reunir los respaldos necesarios para reclamar una reparación integral a favor de las jóvenes. En ese marco, se evalúa un pedido de resarcimiento económico que, por su volumen, sería de carácter millonario, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas y la magnitud del daño denunciado.
En la causa hay hasta ahora ocho personas formalmente imputadas. De ese grupo, seis permanecen alojadas en establecimientos de detención y las otras dos cumplen el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria, mientras se aguardan definiciones sobre la acusación final.
Además de los mayores de edad, el expediente incluye a un noveno señalado, que es menor y excompañero de parte de las adolescentes involucradas. Sobre este punto, las fuentes indicaron que la Justicia estudia si su rol se enmarca en el de un posible partícipe o si corresponde considerarlo víctima, lo que podría derivar en un sobreseimiento por aplicación de la cláusula de no punibilidad prevista para estos casos.
De acuerdo con la información disponible, la instrucción se mantendría activa durante varios meses más. Cumplido ese plazo, el equipo investigador deberá optar entre solicitar una nueva prórroga para seguir incorporando pruebas o disponer el cierre de esta etapa para pasar a la acusación formal.
Hasta el momento, no se informó una fecha cierta para la elevación de la causa a juicio, ya que esa decisión depende de cómo avance el análisis del material recolectado y de la definición final sobre el número de imputados y la calificación penal que sostendrá la Fiscalía.
Peritajes, cámaras Gesell y bienes inhibidos para pedir una indemnización millonaria
Fuentes vinculadas a la causa detallaron que ya se concretó la mayor parte de las cámaras Gesell a las adolescentes. Estos relatos, tomados bajo un protocolo especial, forman parte del núcleo probatorio que la Justicia tendrá en cuenta para sostener la hipótesis de trata y determinar responsabilidades.
En paralelo, peritos y equipos de investigación continúan trabajando sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que fueron secuestrados a los imputados durante los allanamientos. De esos aparatos, indicaron, ya surgieron contenidos que la Fiscalía considera relevantes para fortalecer la pesquisa y respaldar las futuras imputaciones.
Los investigadores analizan conversaciones, registros multimedia y otros archivos, con el fin de reconstruir posibles maniobras de captación y explotación. En función de esos elementos, se espera que el Ministerio Público defina la acusación formal contra cada uno de los involucrados cuando se cierre la instrucción.
Una vez concluida esta etapa preliminar, está previsto que la Fiscalía presente el requerimiento de elevación a juicio junto con un pedido de reparación económica para las jóvenes. Según trascendió, el monto que se reclamará será de carácter millonario, debido a que se tiene en cuenta que serían más de diez las víctimas alcanzadas por los hechos investigados.
Los cálculos para el resarcimiento consideran no solo las consecuencias inmediatas, sino también el impacto proyectado en la continuidad educativa, el desarrollo personal y el futuro proyecto de vida de cada una de las adolescentes que figuran en el expediente.
Para asegurar que una eventual condena tenga efectos reales en la reparación, el juez a cargo ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados. Esta medida impide que vendan, transfieran o generen nuevos gravámenes sobre sus propiedades, de manera que esos activos queden disponibles ante un eventual fallo condenatorio.
Qué pasos restan antes del juicio y cómo impacta la causa de trata en las víctimas
Con la inhibición de bienes ya vigente y un posible reclamo de indemnización millonaria en preparación, el próximo movimiento clave será la definición de la Fiscalía sobre el cierre de la instrucción. Una vez que se complete el análisis de cámaras Gesell y pericias digitales, el Ministerio Público deberá resolver si está en condiciones de formular la acusación definitiva.
Recién después de esa presentación, el expediente podrá pasar a la etapa de juicio oral, donde se debatirán las pruebas reunidas, la situación de cada imputado y el alcance concreto de la reparación económica solicitada a favor de las adolescentes.
