La causa federal por trata de alumnas de escuelas secundarias en Salta sumó nuevas víctimas, más imputados y una prórroga de los plazos procesales hasta mayo de 2026. Ya son 33 las menores de edad reconocidas oficialmente como víctimas, mientras que nueve personas permanecen imputadas por distintos delitos vinculados a la explotación sexual, asociación ilícita y otros cargos complementarios. La investigación, que comenzó a partir de la denuncia de la madre de una estudiante, reúne pericias de celulares, movimientos bancarios y entrevistas en Cámara Gesell, y se centra en una presunta red que habría operado principalmente durante 2024.
Causa federal: más víctimas, nuevos delitos y plazos extendidos
La investigación por trata de alumnas de escuelas secundarias en Salta, que tramita en el Juzgado Federal de Garantías N°1, dio un salto en magnitud en las últimas semanas. De acuerdo con lo informado ayer, lunes 29 de diciembre, el expediente ya registra 33 menores de edad identificadas como víctimas y un total de nueve personas imputadas.
En la misma resolución se confirmó que el plazo de la pesquisa se prorrogó hasta el 29 de mayo de 2026. La prórroga se apoyó en la cantidad de pruebas pendientes de análisis y en la posibilidad de que aparezcan nuevos hechos y más responsables, por lo que la Justicia consideró necesario sostener la investigación en el tiempo.
Los cambios en la imputación y la extensión de los plazos fueron discutidos en una audiencia realizada el 16 de diciembre, que se prolongó por más de seis horas. Allí participaron el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual; el juez de Garantías N°1, Julio Bavio; el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar; representantes de querellas particulares y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma.
En esa audiencia, la fiscalía formalizó la ampliación de cargos contra los nueve detenidos. Ocho de ellos quedaron señalados como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la vulnerabilidad y la minoridad de las víctimas, la cantidad de afectadas, el número de acusados y por haberse concretado la explotación.
Además, cinco imputados afrontan acusaciones como integrantes de una asociación ilícita supuestamente destinada a facilitar y promover la prostitución. Este tramo de la acusación apunta a la existencia de una organización con roles definidos y tareas distribuidas entre los distintos sospechosos.
Entre los nueve acusados, la fiscalía identificó a un presunto captador de menores que sería un joven vinculado al colegio Juan Carlos Saravia, ubicado en barrio Limache. Su rol habría sido clave para contactar a varias de las alumnas que luego terminaron siendo explotadas sexualmente, según surge de los testimonios y los análisis de dispositivos electrónicos.
Pruebas, pericias y entrevistas a las alumnas: cómo avanza la investigación
Al justificar la ampliación de cargos, el fiscal general explicó que la nueva calificación legal se apoya en distintos elementos reunidos en la causa. De acuerdo con lo expuesto, se analizaron teléfonos celulares ya peritados, reportes de transferencias bancarias y actividad en redes sociales, que coincidirían con lo relatado por las víctimas en sede judicial.
Según la fiscalía, esos elementos permiten vincular a los imputados con la supuesta red de trata de alumnas y con los lugares donde se habría concretado la explotación sexual. Entre los sitios mencionados se encuentran hoteles alojamiento ubicados sobre la ruta 26 y viviendas particulares relacionadas con algunos de los acusados.
También se hizo hincapié en que resta revisar un volumen grande de material secuestrado, lo que incluye más teléfonos y otros dispositivos electrónicos. La posibilidad de que ese análisis revele nuevos episodios o la participación de otras personas fue uno de los motivos centrales para solicitar más tiempo de investigación.
Otro punto destacado por la fiscalía tiene que ver con las entrevistas en Cámara Gesell, herramienta utilizada para recibir los relatos de las menores en un ámbito protegido. Varias de estas entrevistas ya se realizaron y otras están en curso, por lo que el Ministerio Público las considera una pieza básica para reconstruir la dinámica del caso.
En algunas de esas declaraciones, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia, las chicas expresaron temor y contaron que antes de las detenciones habrían recibido amenazas para que no denunciaran ni contaran lo que estaba pasando. Esa situación motivó la adopción de distintas medidas de protección.
El acompañamiento psicológico y el seguimiento de las víctimas están a cargo del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, bajo la coordinación de la psicóloga Verónica Olguín Rufino. Su intervención permitió que varias adolescentes ampliaran sus testimonios, detallaran el funcionamiento de la presunta red y aportaran datos que llevaron a detectar nuevas víctimas.
Delitos imputados y roles dentro de la presunta red
Además del delito principal de trata de personas, se sumaron otras figuras penales. Se acusó a seis detenidos por tenencia y distribución de material de índole sexual de menores. A otro se le imputó corrupción de menores, mientras que dos afrontan cargos por abuso sexual de una chica de 13 años.
La fiscalía también atribuyó seis hechos de promoción y facilitación de prostitución agravada por tratarse de menores a dos de los imputados. Según se reconstruyó en el expediente, la red habría operado principalmente durante 2024, aunque aparecieron indicios de episodios anteriores.
Al describir cómo funcionaba la organización, se detallaron los supuestos roles de cada acusado y el objetivo central de la estructura. En una de las intervenciones, se señaló textualmente que, respecto de algunas adolescentes, “cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”.
El remisero imputado fue ubicado por la fiscalía como quien habría iniciado el circuito y quien cobraba por coordinar los encuentros sexuales. No obstante, se indicó que la captación de nuevas víctimas no habría quedado limitada a esa persona, ya que en los testimonios se repite que todos los acusados pedían a las chicas que acercaran más compañeras y amigas.
Origen de la causa y crecimiento del número de alumnas víctimas
La causa por trata de alumnas de colegios secundarios se originó el 26 de junio del año pasado, a partir de la denuncia de la madre de una estudiante. La mujer advirtió que su hija tenía un celular de alta gama y, al revisar el contenido, detectó mensajes de carácter sexual.
Entre esos mensajes aparecía un texto enviado por un remisero, hoy imputado, donde se hacía referencia a otra hija de la denunciante, de 12 años. A partir de allí se identificó el vehículo que habría sido utilizado para la captación de estudiantes en distintos puntos de la ciudad.
La denuncia primero dio lugar a una causa en la justicia provincial. Tras el secuestro y análisis del teléfono del remisero y ante la sospecha de un posible caso de trata de personas, el fuero ordinario declaró su incompetencia. El expediente pasó entonces al ámbito federal, a la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de una audiencia en la que se resolvió la competencia.
La formalización inicial de la investigación federal se concretó el 11 de septiembre, tras la detención de cuatro personas. En ese momento fueron imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, con agravantes por minoridad, cantidad de víctimas y número de intervinientes, además de la consumación de la explotación.
Con el avance del caso se sumaron otros cinco sospechosos, hasta alcanzar los nueve imputados actuales. Entre septiembre y noviembre se llevaron adelante distintos operativos y detenciones, y el número de víctimas identificadas pasó de 3 a 33, sin descartarse que surjan más adolescentes afectadas a medida que se analicen las pruebas pendientes.
En la descripción de los hechos, la fiscalía apuntó que los sospechosos hacían exigencias específicas sobre el aspecto físico de las menores y, en algunos mensajes relevados, se mencionó que se pedían adolescentes “para llevarlas a una despedida de solteros” o “los sábados para después de jugar al fútbol”. En otros casos se habría solicitado determinada vestimenta y se habría obligado a las chicas a consumir “un cóctel de drogas”.
Participación de organismos federales y tareas investigativas
La causa es instruida por la Fiscalía de Distrito con apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Las tareas actuales se concentran en pericias sobre teléfonos y dispositivos secuestrados, más otras diligencias complementarias ordenadas por el juez de Garantías.
También interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), conducida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo. Este organismo aporta su experiencia en investigaciones de trata y acompaña el análisis de pruebas vinculadas al movimiento de dinero y a la red de contactos de los imputados.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal general, los elementos reunidos hasta el momento permitieron acreditar la existencia de un número importante de víctimas niñas y adolescentes que habrían quedado sujetas a la presunta red de explotación sexual investigada en este expediente.
