La investigación judicial por la posible falsificación de firmas en la ordenanza del Presupuesto municipal de San Lorenzo avanza sobre el concejal libertario Juan Pablo Dávalos, tras un allanamiento al Concejo Deliberante y una ampliación de denuncia presentada por empleadas del cuerpo legislativo, que aportaron nueva documentación y testimonios clave para la causa.
La situación política en San Lorenzo quedó atravesada por una causa judicial que tiene como principal apuntado al concejal libertario Juan Pablo Dávalos y que gira en torno a la presunta falsificación de firmas en la ordenanza del Presupuesto municipal. El expediente avanza en los tribunales, incluye un allanamiento al Concejo Deliberante y una ampliación de denuncia presentada recientemente por empleadas del cuerpo legislativo, quienes acercaron nueva documentación y declaraciones bajo juramento. La investigación busca precisar qué pasó con la norma que fija el uso de los recursos públicos del municipio y quiénes habrían intervenido en la supuesta maniobra.
De esta manera, el caso dejó de ser solo un tema interno del Concejo de San Lorenzo y pasó a tener impacto institucional, ya que se analiza la validez de una ordenanza clave para el funcionamiento económico del municipio. Además, el rol del espacio libertario local quedó bajo la lupa a partir de las actuaciones que se centran en el accionar del edil de La Libertad Avanza.
La causa, según se desprende de la información judicial, se mantiene en curso y sigue sumando elementos, tanto documentales como testimoniales, que serán evaluados por la Justicia para determinar eventuales responsabilidades penales vinculadas al manejo de un instrumento público esencial.
Allanamiento en el Concejo Deliberante de San Lorenzo
Una de las actuaciones que marcó un antes y un después en este expediente fue el allanamiento realizado en la sede del Concejo Deliberante de San Lorenzo. El operativo judicial se concretó el 23 de diciembre por orden de la Justicia y fue descripto como un hecho inédito en la historia reciente del cuerpo deliberativo, tanto por su alcance como por el tipo de documentación buscada.
Durante esa diligencia, personal judicial ingresó al edificio legislativo en busca de expedientes, actas y todo material vinculado a la ordenanza del Presupuesto municipal cuestionada. El foco estuvo puesto en la posible adulteración de firmas de concejales en ese instrumento, que define de qué manera se administran y distribuyen los fondos de la comuna.
A partir de ese allanamiento, la situación procesal de Juan Pablo Dávalos comenzó a complicarse, ya que el material recolectado pasó a integrar la causa que lo tiene como señalado. Además, el hecho de que el operativo se realizara dentro del propio Concejo de San Lorenzo puso en evidencia la dimensión institucional del caso y encendió alarmas en el ámbito político local.
Las autoridades judiciales incorporaron lo recabado en el procedimiento al expediente principal, que ya incluía la denuncia original por presunta falsificación de firmas, presentada con anterioridad. Desde entonces, la investigación continuó con nuevas medidas y declaraciones que se van agregando al análisis general de la causa.
Empleadas del Concejo ampliaron la denuncia y aportaron nuevas pruebas
En las últimas horas, el expediente sumó un capítulo relevante dentro del propio Concejo Deliberante de San Lorenzo. Trabajadoras del cuerpo legislativo se presentaron ante la Justicia para ampliar la denuncia inicial y aportar documentación adicional vinculada a la ordenanza del Presupuesto. Según se informó, estos elementos incluyen copias de actuaciones internas y otros papeles relacionados con el circuito de firma de la norma cuestionada.
Además de los documentos, las empleadas prestaron declaración testimonial. Esas manifestaciones fueron incorporadas formalmente al expediente y, de acuerdo con lo señalado en ámbitos judiciales, pasan a ser consideradas como pruebas relevantes para aclarar qué ocurrió con la presunta adulteración de firmas.
Los nuevos testimonios se suman a los ya existentes y, en varios tramos, mencionan directamente al concejal libertario Juan Pablo Dávalos. Esta circunstancia refuerza el foco de la investigación en su figura y en el procedimiento seguido para la aprobación de la ordenanza presupuestaria. El objetivo es determinar si hubo o no firma falsificada y en qué etapa del trámite se habría producido la irregularidad.
Con esta ampliación de denuncia, la causa no solo gana volumen en términos de pruebas, sino que también profundiza la mirada sobre el funcionamiento interno del Concejo de San Lorenzo al momento de tratar un instrumento central como el Presupuesto municipal, que condiciona todo el año de gestión administrativa.
Impacto institucional y panorama político para el concejal
Desde distintos sectores se calificó la presunta falsificación de firmas en la ordenanza del Presupuesto como una situación de “extrema gravedad institucional”, debido a que se trata de un documento público que respalda la planificación económica del municipio. La causa pone en discusión la transparencia y la legalidad de los actos administrativos vinculados a la gestión de los recursos comunales, además de afectar la confianza ciudadana en la documentación emitida desde el ámbito legislativo.
En este contexto, la posición del concejal libertario Juan Pablo Dávalos dentro del Concejo Deliberante de San Lorenzo aparece cada vez más condicionada por la evolución del expediente. El avance de las actuaciones judiciales, el allanamiento ejecutado sobre el edificio legislativo y la incorporación de nuevas pruebas dejan al edil bajo una atención permanente, tanto en los tribunales como en la escena política local.
De acuerdo con lo que consta en el expediente, la investigación seguirá su curso con el análisis de toda la documentación secuestrada, la valoración de los testimonios incorporados y las próximas medidas que disponga la Justicia para definir responsabilidades en torno a la validez de la ordenanza del Presupuesto municipal.
