Caso Cositorto: Salteños implicados y estafa “Generación Zoe”
22 de Septiembre de 2023
La fiscala Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ha solicitado el juicio para Leonardo Cositorto y varios de sus asociados en el caso relacionado con presuntas estafas piramidales y asociación ilícita. Este pedido llega después de una extensa investigación que arroja un perjuicio económico estimado en más de 5 millones de pesos y 570 mil dólares.
El requerimiento de juicio incluye a Nelson Leonardo Cositorto, a quien se le atribuyen 118 hechos de estafas reiteradas en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador. Además, la fiscalía acusa a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz de ser autores de la misma cantidad de hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real.
Según las investigaciones, el perjuicio causado por la financiera Generación Zoe, liderada por Cositorto, asciende a una suma total de 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares. Estos cálculos se basan en las 118 denuncias presentadas contra la empresa, que operaba desde una sede en Salta, ubicada en la calle Pellegrini 782.
El modus operandi de Generación Zoe implicaba la firma de contratos de fideicomiso, conocidos como membresías educativas o inteligentes, con inversiones iniciales que oscilaban entre 500 y 1.000 dólares. A cambio de estas inversiones, la financiera prometía un retorno mensual del 7,5% al 10% y un retorno anual del 120%.
Una característica distintiva de este esquema era que, al día siguiente de realizar la inversión, los inversores veían un incremento del 20% en su capital en línea, presentado como bonificación educativa. Esto significaba que una inversión de 500 dólares resultaba en un saldo de 600 dólares en tan solo 24 horas.
Los contratos tenían una duración de tres años, y solo después de este período, los inversores podían retirar su capital. En caso de retiros anticipados, se aplicaba una multa del 50% sobre el capital invertido, y no se permitían retiros antes de los 12 meses.
Además, se implementó un sistema de incentivos para alentar a los inversores a reclutar a otros para unirse a la organización como aportantes. Cuantas más personas se referían, mayores eran las comisiones que se podían recibir.
La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, entregado personalmente a los imputados, aunque en algunos casos se realizaron transferencias bancarias, que se dirigían a la cuenta de Jorge Federico Vilardel, encargado de realizar estas operaciones.
Los roles de los acusados se delinearon claramente en la investigación. Cositorto se desempeñaba como director ejecutivo de Generación Zoe, firmando contratos y manejando el dinero transferido a sus cuentas bancarias, incluyendo “Zoe Empowerment SA,” donde ostentaba el cargo de presidente. Ricardo Gabriel Vilardel actuaba como director y representante de Zoe en Salta, recibiendo inversiones y firmando recibos. Ana Vilardel trabajaba como secretaria de la sede local y recibía fondos en su cuenta bancaria. Jorge Federico Vilardel se encargaba de la atención al público, recibiendo efectivo y transferencias bancarias. Vilma Griselda Albornoz, junto a los hermanos Vilardel, promovía la financiera y organizaba reuniones para atraer inversores.
El pedido de juicio representa un paso más en este complejo caso, que ha impactado a numerosas personas afectadas por las presuntas estafas piramidales. La Justicia deberá decidir sobre el destino de los acusados en este proceso legal en curso.