La oposición llevó a la Justicia y al Congreso sus cuestionamientos por el destino de los fondos recaudados para las rutas nacionales. La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz denunció al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por recursos del Sistema Vial Integrado, conocido como Sisvial, que habrían sido colocados en inversiones financieras. La presentación menciona $1,038 billones y se suma a pedidos para que Caputo informe ante Diputados.
Según la denuncia penal, el dinero tenía una asignación específica: conservar y mejorar la red vial nacional. Tolosa Paz sostiene que los recursos no habrían tenido ese destino y atribuyó a los denunciados presuntos delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El planteo judicial quedó acompañado por proyectos de interpelación y pedidos de información promovidos desde distintos espacios legislativos. Además de Unión por la Patria, integrantes de Provincias Unidas reclamaron conocer cuánto se recaudó mediante el impuesto a los combustibles, qué parte fue ejecutada en obras y cuál es la situación de los recursos vinculados al Sisvial.
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La denuncia que puso el uso de fondos bajo investigación
La presentación de Tolosa Paz cuestiona el manejo de $1,038 billones que debían aplicarse al sistema vial. La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires apuntó contra Caputo y Wasserman por la presunta utilización financiera de recursos originados en tributos que pagan los usuarios al cargar combustible.
Al referirse a su iniciativa, la legisladora afirmó: “Cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono vial, como por ejemplo el de las rutas nacionales 3 y 5. No falta plata, falta decisión política. Por eso presentamos un amparo colectivo”.
La causa se concentra en el destino que habrían tenido los recursos afectados al Sisvial. Entre los puntos señalados, la denuncia menciona la necesidad de conservación y mejora de caminos nacionales, y toma como ejemplos las rutas nacionales 3 y 5, incluidas por Tolosa Paz en sus declaraciones.
El debate parlamentario se profundizó luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que la mayor parte de los recursos fue utilizada para sostener el equilibrio fiscal y no para el objetivo puntual de mantenimiento de rutas nacionales. Esa manifestación motivó nuevas iniciativas en la Cámara baja.
Los pedidos para que Caputo vaya a Diputados
Marina Salzmann propuso que el ministro de Economía y el administrador de Vialidad Nacional den explicaciones en el Congreso. El proyecto de la diputada de Unión por la Patria solicita la presencia de Caputo y del administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para que aporte precisiones técnicas sobre la administración de los recursos.
La propuesta fue acompañada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y tuvo las firmas de Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, entre otros legisladores. El texto reclama “el cese inmediato de la utilización de fondos de asignación específica para maquillar el superávit fiscal y la reactivación urgente de las obras viales paralizadas en todo el país”.
Salzmann fundamentó su iniciativa con una crítica sobre el cumplimiento de la asignación legal de esos ingresos. “No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, sostuvo.
Antes de esa admisión, la diputada bonaerense ya había pedido información acerca de la Autopista Presidente Perón. Esa traza y el Camino del Buen Aire forman un tercer cordón vial que une el norte y el sur del conurbano, conecta 12 municipios y beneficiará a 12 millones de personas.
Más proyectos por las rutas y el saldo del Sisvial
Emir Felix planteó frenar de manera transitoria una porción de impuestos hasta que se apliquen los recursos viales acumulados. El diputado de Unión por la Patria por Mendoza propuso suspender la parte de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono destinada al sistema vial, hasta que se usen los montos previamente reunidos.
La suspensión no abarcaría los porcentajes de esos tributos dirigidos al sistema previsional, al Fondo Nacional de la Vivienda, al transporte automotor y ferroviario ni a las provincias. La iniciativa distingue esos destinos de los recursos que corresponden de manera específica al Sisvial.
El proyecto establece que, dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual entrada en vigencia, se determine el “Saldo Vial Acumulado”. La definición incluiría disponibilidades bancarias, inversiones financieras, créditos y otros activos relacionados con el sistema vial que provengan de ingresos ya recaudados.
La medida dejaría de regir cuando la Auditoría General de la Nación certifique que ese saldo y los rendimientos obtenidos fueron utilizados para obras, bienes y servicios del sistema vial. Felix sostuvo: “El Estado no puede continuar exigiendo a los contribuyentes nuevos recursos con una afectación determinada por ley mientras retiene o subejecuta una masa extraordinaria de fondos previamente recaudados para ese mismo objeto”.
Desde Provincias Unidas también surgieron reclamos. La presidenta del bloque de diputados, Gisela Scaglia, pidió información sobre recursos que, según indicó, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de rutas nacionales. Su pedido fue presentado después del reconocimiento oficial sobre el aporte de una parte de esos fondos al equilibrio fiscal.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro aceptó el traspaso de la ruta nacional A012, cuya administración, mantenimiento y obras pasaron a depender de recursos provinciales. En esa provincia, la senadora Leticia Di Gregorio obtuvo una resolución de la Justicia federal sobre las rutas 7, 8 y 33, en la que el juez Aurelio Cuello Murúa atribuyó al Estado una “omisión comunitaria” por el mantenimiento de esas trazas.
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La exdiputada libertaria Lourdes Arrieta, hoy integrante de Provincias Unidas, pidió explicaciones por los fondos del Sisvial y las obras nacionales en Mendoza. “Los mendocinos tienen el derecho a saber qué ocurrió con los recursos del Sisvial: cuánto se asignó, cuánto se ejecutó efectivamente, qué obras se realizaron, cuáles permanecen demoradas o paralizadas y qué planificación existe para nuestros corredores. Porque mientras existen recursos nacionales destinados al sistema vial, Mendoza también ha destinado recursos propios para intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional. Y eso merece una explicación”.
