Familias de General Mosconi denunciaron que un ciudadano boliviano habría cerrado un camino rural en Salta utilizado por vecinos de un sector próximo a la frontera. El conflicto, difundido este lunes en una entrevista de Mosconi TV, lleva cerca de seis años según una de las residentes. Los pobladores sostienen que el terreno pertenece al departamento General San Martín, aunque no hay documentación pública que defina la jurisdicción exacta ni las condiciones en que habrían intervenido organismos de Bolivia.
La mujer entrevistada señaló que el acceso fue bloqueado con portones en diciembre del año pasado. De acuerdo con su relato, la medida afecta a entre 7 y 10 familias que usan ese paso para entrar y salir de la zona, aunque aseguró que también circulan otras personas de manera diaria.
El planteo incluye denuncias por presuntas actuaciones policiales y judiciales bolivianas. Sin embargo, hasta el momento no se acreditó públicamente que el hombre mencionado carezca de derechos sobre las tierras ni que personal de ese país haya ingresado de forma irregular a territorio argentino.
El camino de Salta que las familias consideran indispensable
Los vecinos afirman que el cierre les dejó sin una vía alternativa para sus traslados cotidianos. La denuncia fue dada a conocer por una mujer durante una entrevista realizada por el periodista Luis Mena y emitida por Mosconi TV. Allí indicó que un hombre de apellido Castro, identificado como ciudadano boliviano, se atribuiría la propiedad del sector en discusión.
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Según ese testimonio, los portones fueron instalados sobre un paso que las familias describen como ancestral. Los residentes cuestionan que un camino utilizado desde hace años haya quedado limitado y aseguran que la situación se agravó a partir de ese cierre.
La entrevistada explicó que el trayecto es usado para llegar a comercios y para salir ante situaciones vinculadas con la atención médica. “Ni tenemos otro camino para salir a comprar alimentos o por cuestiones de salud, esto nos afecta de manera directa”, sostuvo durante la nota.
La discusión por las tierras en General Mosconi
La ubicación precisa del área y los derechos sobre el terreno todavía no cuentan con una definición oficial expuesta públicamente. Las familias que hicieron pública la situación mantienen que el tramo en conflicto se encuentra dentro del departamento General San Martín y, por lo tanto, en territorio argentino.
Desde esa postura, objetan que la controversia haya tenido presentaciones en Bolivia. También cuestionan la presencia que, según el relato de la denunciante, habrían tenido efectivos policiales y miembros de la Naval de ese país en el lugar.
Denuncias por actuaciones de organismos de Bolivia
Una vecina aseguró que al menos 10 personas debieron buscar asistencia legal en Bolivia por actuaciones judiciales vinculadas al caso. La mujer manifestó que los habitantes desconocen bajo qué condiciones se habrían producido esas intervenciones y remarcó que el tema generó preocupación entre las familias alcanzadas por el conflicto.
“Si no nos presentamos a la Justicia, tenemos orden de detención. Estuvimos obligados a pagar abogados para defendernos y ver qué se puede hacer con respecto a todo esto”, relató. Esa afirmación forma parte del testimonio difundido, pero no se acompañó de documentación pública sobre esas supuestas órdenes.
Durante la entrevista también se mencionó una presunta participación reciente de organismos vinculados con Cancillería y con los límites internacionales. No obstante, la denunciante reconoció que en ese momento no tenía los documentos necesarios para respaldar esa versión.
La Comisión Nacional de Límites Internacionales, dependiente de Cancillería, es el organismo argentino competente para el trazado y la demarcación de las fronteras internacionales. Argentina y Bolivia cuentan además con una Comisión Mixta destinada a realizar trabajos de demarcación fronteriza.
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La determinación sobre el lugar exacto del camino, la titularidad de las tierras y la eventual intervención de autoridades bolivianas continúa sin una definición oficial informada públicamente.
