La reforma de la ley de salud mental enviada por el Gobierno nacional ya ingresó al Senado y abrió una discusión entre funcionarios, profesionales y organizaciones de derechos humanos. El proyecto plantea cambios en puntos centrales de la norma actual: modifica los criterios para las internaciones involuntarias, redefine a quiénes alcanza la ley y vuelve a habilitar la creación de hospitales psiquiátricos especializados. La iniciativa sumó apoyos y cuestionamientos por su posible impacto en la atención, los diagnósticos y las decisiones sobre pacientes en situaciones críticas.
La ley cambia el criterio para internaciones sin consentimiento
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta está en las internaciones involuntarias. La norma vigente exige que exista un “riesgo cierto e inminente”, pero el texto que llegó al Senado propone reemplazar esa condición por una fórmula más amplia: “riesgo grave para la vida o la integridad física”.
Además, el proyecto incorpora la posibilidad de considerar antecedentes y escenarios futuros al momento de decidir una internación. Ese aspecto es observado con atención porque cambia la forma en que hoy se evalúan estas situaciones dentro del sistema de salud mental.
Quienes respaldan esta modificación sostienen que permitiría intervenir antes de que un cuadro se agrave. Desde el Ministerio de Salud señalaron que la reforma apunta a agilizar respuestas frente a casos de riesgo y evitar desenlaces graves como suicidios, homicidios o agresiones.
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Salud mental: también se discuten los cambios en diagnósticos y cobertura
Otro capítulo del debate pasa por la definición de las personas alcanzadas por la ley. La normativa actual habla de personas con “padecimiento mental”, mientras que la propuesta oficial reemplaza esa expresión por la de personas que presenten “afecciones o trastornos mentales”, con referencia a la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Según la postura oficial, esa modificación sumaría precisión clínica. Sin embargo, algunos especialistas advierten que el nuevo lenguaje podría dejar afuera situaciones ligadas a sufrimientos emocionales o problemas cotidianos que hoy reciben atención y cobertura en el marco de la ley vigente.
Las críticas, de todos modos, no se limitan a la terminología. Organizaciones especializadas advirtieron que la amplitud de los nuevos criterios podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias, sobre todo en el caso de las internaciones sin consentimiento.
El Gobierno reabrió la discusión por los hospitales especializados
La iniciativa también modifica el esquema actual sobre internaciones en establecimientos monovalentes. La ley vigente impulsa la atención en hospitales generales y prohíbe crear nuevos centros especializados de ese tipo. El proyecto enviado al Senado elimina esa restricción y vuelve a habilitar instituciones específicas de salud mental, tanto públicas como privadas.
Ese punto aparece entre los más controvertidos. Desde sectores de la psiquiatría remarcan que la falta de camas complica la atención de pacientes. Del otro lado, organismos de derechos humanos recuerdan antecedentes de hacinamiento, abandono y abusos en establecimientos conocidos popularmente como neuropsiquiátricos o manicomios.
La propuesta será tratada en el Senado y ya genera posiciones enfrentadas entre funcionarios, profesionales de la salud y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
