El Gobierno nacional presentó un anteproyecto para modificar la Ley de Salud Mental en Argentina, con foco en nuevos criterios de internación de pacientes, sobre todo en situaciones de adicciones. La propuesta, vigente como borrador y que será remitida al Congreso en los próximos días, introduce cambios en las evaluaciones médicas, en la intervención de los familiares y en los plazos de notificación al Poder Judicial. También plantea ajustar la normativa sancionada en 2010 a las demandas y realidades sanitarias de 2026 en todo el país.
El texto oficial plantea un replanteo amplio de la actual Ley de Salud Mental, que rige desde hace más de una década y regula la atención de pacientes con distintos diagnósticos en Argentina. Entre los puntos más sensibles aparecen las internaciones involuntarias, la asistencia a personas con consumo problemático de sustancias y la participación de equipos interdisciplinarios en las decisiones médicas.
Las autoridades nacionales señalaron que la iniciativa no deroga la norma vigente, pero sí propone una reescritura de varios artículos clave. El objetivo declarado es modernizar el marco legal, ordenar los procedimientos y facilitar respuestas más rápidas ante cuadros de riesgo, manteniendo la intervención judicial cuando se restringe la libertad de las personas.
Nuevos criterios de internación involuntaria para pacientes con adicciones
Uno de los cambios que más debate promete dentro del paquete de reformas a la Ley de Salud Mental en Argentina es el referido a los pacientes con adicciones. El anteproyecto establece que, en determinados casos de consumo problemático de sustancias, se pueda disponer una internación aun cuando la persona no exprese su consentimiento, algo que la normativa actual limita de manera más estricta.
La ley vigente exige que, en líneas generales, la asistencia cuente con el aval de la persona afectada. Sin embargo, el borrador introduce una excepción para situaciones en las que el consumo de drogas o alcohol esté afectando gravemente la capacidad de decisión. En este punto, el médico y diputado Bernardo Biella sostuvo que “una persona con problemas de adicciones no tiene voluntad, su cerebro está tomado por las drogas. Por eso hay que permitir que los familiares puedan intervenir sin necesidad de judicializar”.
El planteo central es que los familiares puedan impulsar asistencia y eventuales internaciones aun cuando el paciente no quiera recibir tratamiento. De acuerdo con los lineamientos difundidos, ese margen de acción busca evitar que se llegue a episodios extremos de riesgo para la propia persona o para quienes la rodean, especialmente cuando ya existen antecedentes de conductas peligrosas o episodios previos de crisis.
Las autoridades nacionales remarcan que estas medidas seguirán enmarcadas en un esquema de excepcionalidad, es decir, no se trata de internaciones masivas ni automáticas. La propuesta insiste en que se requerirá una evaluación médica fundada y la posterior notificación al Poder Judicial, que continuará como instancia de control de legalidad de las medidas restrictivas.
Redefinición del riesgo y rol de los profesionales en decisiones clínicas
Otro eje central del anteproyecto sobre la Ley de Salud Mental se concentra en la forma en que los médicos evalúan el riesgo de los pacientes. Según el texto oficial, hoy la normativa solo permite internaciones involuntarias cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Este criterio, señalan desde el Gobierno nacional, se enfoca en el estado del paciente en el momento puntual de la consulta, sin tomar en cuenta la evolución reciente del cuadro.
Para modificar ese enfoque, la iniciativa propone “implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”. Con este cambio, el análisis dejaría de ser una “foto” aislada y pasaría a incorporar la trayectoria clínica de cada persona.
La idea es que los profesionales puedan actuar de forma preventiva y no solo cuando el peligro ya es inminente. En la práctica, esto implicaría que situaciones con repetidos intentos de autoagresión, episodios violentos o descompensaciones frecuentes puedan justificar una internación involuntaria antes de llegar a un desenlace grave.
El proyecto también subraya la necesidad de que, en toda internación involuntaria, uno de los médicos intervinientes sea psiquiatra. La redacción propuesta señala que “se establece que uno de los médicos intervinientes en determinación de las internaciones involuntarias debe ser médico psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones”. Según la argumentación oficial, esta exigencia apunta a “garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental”.
Urgencias, plazos judiciales y revisión de los equipos de salud
En relación con las situaciones de urgencia, el anteproyecto ratifica que la internación, dentro del marco de la Ley de Salud Mental, seguirá siendo considerada una herramienta de uso excepcional para pacientes en Argentina. El comunicado oficial aclara que no se busca convertir la internación en el recurso principal de tratamiento, sino mantenerla como último recurso cuando otras alternativas no alcanzan.
Para los escenarios críticos, el texto indica que el médico que atienda la urgencia podrá ordenar una internación involuntaria de manera inmediata, pero esa decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo máximo de 24 horas. Esa instancia colectiva se concibe como una forma de control interno que incorpora la mirada de distintos especialistas antes de confirmar o modificar la medida.
En cuanto a la articulación con la Justicia, la reforma propone extender el tiempo disponible para notificar las internaciones involuntarias. Actualmente, la ley fija un plazo de 10 horas para informar al Poder Judicial, mientras que el proyecto plantea llevarlo a 24 horas. Desde el Gobierno nacional sostienen que la ampliación busca adecuar los procedimientos a la dinámica real de los servicios de salud, sin eliminar la obligación de dar cuenta de cada caso ante los jueces competentes.
El documento aclara que la notificación seguirá siendo obligatoria en todos los supuestos en los que esté comprometida la libertad de la persona, de modo que la Justicia pueda supervisar y, en su caso, requerir más información o revisar la pertinencia de la medida. De esta manera, se mantiene el esquema de control externo sobre las decisiones clínicas que implican internaciones sin consentimiento.
Internaciones voluntarias, pedidos de alta y continuidad de tratamientos
El anteproyecto también introduce precisiones sobre las internaciones voluntarias, es decir, aquellas en las que el propio paciente acepta iniciar el tratamiento en un dispositivo cerrado. El texto oficial detalla que, en estos casos, si la persona solicita el alta, se analizará su capacidad para decidir en ese momento.
Si en esa evaluación se detecta que la capacidad de decisión está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria, con aviso inmediato a la Justicia. El criterio de capacidad, entonces, se convierte en una variable clave para determinar si la persona puede o no tomar decisiones autónomas respecto de su continuidad en el tratamiento.
Según los fundamentos difundidos, el Poder Ejecutivo indica que todas estas modificaciones “apuntan a dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta, mejorar la articulación entre dispositivos de atención y garantizar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo en salud mental”. La iniciativa se presenta, además, como parte de “una política sanitaria que busca fortalecer las capacidades del sistema de salud, dotándolo de herramientas concretas para actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad frente a problemáticas complejas”.
El anteproyecto será enviado al Congreso para su tratamiento, donde deberá ser analizado en comisiones y debatido por senadores y diputados antes de cualquier votación.
