La Cámara Federal de Salta resolvió que la jueza federal Mariela Giménez continúe a cargo de la investigación por la desaparición de María Cash, una de las causas más extensas de la justicia salteña, y descartó que exista motivo válido para apartarla del expediente ni para alterar el rumbo del juicio penal en marcha. El tribunal desestimó la excusación que había presentado la magistrada, quien había alegado sufrir “violencia moral” tras una intervención anterior de la propia Cámara. Con esta decisión, el caso seguirá tramitándose en el Juzgado Federal N°2 de Salta, donde se viene investigando desde hace más de una década.
Los jueces de alzada advirtieron que un cambio de magistrado en este momento podría generar nuevas demoras en una investigación que ya acumula 96 cuerpos y cerca de 20.000 fojas. Además, remarcaron que desplazar al juzgado que viene actuando desde el inicio podría afectar el derecho de las partes y el funcionamiento general del sistema judicial.
En el fallo, la Cámara Federal citó doctrina de la Corte Suprema y sostuvo que solo se puede separar a un juez cuando se prueban razones realmente graves, lo que, según concluyeron, no ocurre en este caso. También recordaron que la revisión de resoluciones por parte de un tribunal superior forma parte del proceso normal y no implica, por sí sola, pérdida de imparcialidad.
La excusación de la jueza Giménez y el rol de la Cámara en el caso María Cash
El planteo que dejó a la jueza Mariela Giménez bajo análisis de la Cámara surgió después de que ese mismo tribunal revocara una resolución suya en la causa por María Cash, vinculada al tramo de instrucción previo a cualquier juicio oral. La magistrada había dictado el sobreseimiento del camionero Héctor Romero, señalado en el expediente como una de las últimas personas que tuvo contacto con la diseñadora antes de que se perdiera su rastro.
Cuando la Cámara dejó sin efecto ese sobreseimiento, la jueza sostuvo que la intervención del tribunal configuraba, a su entender, una situación de “violencia moral” que comprometía su objetividad. Sobre esa base, pidió apartarse de la causa, al considerar que ya no estaba en condiciones de seguir interviniendo con total imparcialidad en el expediente.
Sin embargo, los camaristas analizaron ese argumento y concluyeron que la actuación del tribunal de alzada no podía interpretarse como presión ni injerencia indebida. En la resolución dejaron asentado que controlar y, si corresponde, modificar decisiones de primera instancia es una tarea habitual de los cuerpos superiores dentro de la estructura judicial.
De acuerdo con el fallo, ese mecanismo de revisión forma parte del esquema ordinario del proceso penal federal, por lo que no constituye una situación excepcional ni puede considerarse, por sí misma, una forma de violencia moral. En esa línea, los jueces evaluaron que la intervención previa de la Cámara se dio dentro de las atribuciones que fija la ley.
Los fundamentos de la Cámara: imparcialidad, juez natural y continuidad del expediente
Al analizar el pedido de excusación, la Cámara Federal de Salta se apoyó en criterios ya fijados por la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas destacaron que, para separar a un magistrado de un caso, deben existir causales graves, concretas y debidamente acreditadas, lo que limita la posibilidad de apartamientos basados solo en percepciones subjetivas.
En su resolución, el tribunal de alzada también hizo foco en el principio del “juez natural”, que establece que las causas tienen que ser resueltas por los jueces y juzgados previamente designados por ley. Según remarcaron, permitir cambios de magistrado sin motivos sólidos puede abrir la puerta a maniobras o presiones externas ajenas al expediente.
Los jueces añadieron que las opiniones que un magistrado va expresando a medida que avanza un expediente no significan un prejuzgamiento automático ni implican la pérdida de imparcialidad. Señalaron que, por el contrario, el juez debe ir adoptando decisiones procesales a partir de las pruebas que se incorporan, sin que eso suponga que ya definió el resultado final.
En esa misma línea, la Cámara consideró que el apartamiento de la jueza Giménez en esta etapa podría repercutir de manera negativa en todos los involucrados: en la familia de María Cash, en la situación procesal del imputado y en la organización interna de la justicia federal de Salta. Por eso, sostuvieron que mantener la continuidad del juzgado es clave para evitar más demoras en la investigación, que lleva abierta desde 2011 y aún no llegó a la instancia de juicio oral.
El expediente por la desaparición de María Cash y la situación del camionero Romero
Paralelamente al análisis sobre la excusación, la Cámara Federal repasó el estado actual del expediente. El caso se investiga en el Juzgado Federal N°2 de Salta y, con el paso de los años, se transformó en uno de los más voluminosos de la jurisdicción: ya cuenta con 96 cuerpos y cerca de 20.000 fojas, en las que se recolectaron distintas pruebas y líneas de trabajo que siguen activas.
En ese marco, el fallo recordó que el sobreseimiento del camionero Héctor Romero fue dejado sin efecto a partir de nuevos elementos incorporados a la causa. El chofer figura como la última persona que habría estado con María Cash el día de su desaparición y, según remarcaron los camaristas, se detectaron inconsistencias en su relato sobre lo ocurrido, por lo que la instrucción penal respecto de él debe continuar.
La principal hipótesis del expediente indica que la diseñadora se habría subido al camión manejado por Romero en la zona de la rotonda de Torzalito, en la localidad de General Güemes, luego de haber partido desde Buenos Aires rumbo al norte del país. De acuerdo con la investigación, aquel contacto la ubica por última vez con vida y mantiene al camionero en el centro de las pesquisas.
El tribunal de alzada insistió en que ese dato —que Romero habría sido la última persona en estar con ella— sigue teniendo un peso relevante dentro de la causa y justifica que la pesquisa penal siga enfocada en esclarecer esas circunstancias antes de llegar a cualquier instancia de juicio. Por esa razón, ordenó que la instrucción continúe bajo la conducción de la jueza Giménez.
Testigos falsos, causas prescriptas y la pregunta que sigue abierta
La resolución también hizo referencia a distintos testimonios que, en su momento, afirmaron haber visto a María Cash después de aquel último registro en Torzalito. Esas declaraciones fueron analizadas en profundidad durante la investigación y terminaron siendo descartadas tras detectarse contradicciones y falsedades en sus dichos.
A partir de esas irregularidades, algunos testigos fueron imputados por falso testimonio y por entorpecimiento de la investigación. Con el tiempo, las causas penales contra esas personas se cerraron porque se declaró la prescripción de la acción, según consta en el expediente principal.
Según lo que surge de las actuaciones, la desaparición de María Cash se produjo el 8 de julio de 2011. La joven fue vista por última vez en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, cuando viajaba desde Buenos Aires hacia el norte argentino. Desde entonces, la pregunta sobre su paradero se mantiene presente en la investigación judicial que sigue acumulando medidas de prueba en el Juzgado Federal N°2 de Salta.
Con la decisión de la Cámara Federal de Salta de rechazar la excusación, la jueza Mariela Giménez continuará al frente de la causa, que permanece en etapa de instrucción y bajo análisis de distintas líneas, mientras se resuelven los pasos procesales que definirán la eventual elevación a juicio.
