En Cafayate, un incendio rural volvió a complicar la circulación y dejó la ruta 68 cortada el 17 de junio de 2026, cuando el viento zonda empujó las llamas sobre sectores de bosque nativo que seguían calientes bajo tierra. Bomberos voluntarios, Defensa Civil y un avión hidrante retomaron las tareas en la zona afectada. El episodio reabrió planteos de Greenpeace por la restauración ambiental, mientras la denuncia penal por los focos en el área continúa en la Fiscalía Penal de Cafayate.
El foco había comenzado dos semanas antes y, aunque se encontraba contenido, no estaba apagado por completo. La situación cambió cuando las ráfagas del zonda volvieron a mover brasas y calor acumulado en el terreno. Según testimonios de vecinos citados en el planteo ambiental, el fuego pasó la calzada y llegó a otros sectores de monte.
Ese día, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta amarilla por viento zonda para la ciudad vallista y también para zonas de la Puna. El pronóstico señalaba ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros por hora, un escenario que favoreció la reactivación del incendio en un área ya golpeada por el fuego.
El cuerpo de 29 bomberos voluntarios de Cafayate había trabajado durante 8 días seguidos hasta el lunes 15 de junio de 2026. Sin embargo, debió regresar al lugar cuando las llamas recuperaron fuerza. También participaron integrantes de Defensa Civil de la provincia y continuó el apoyo de un avión hidrante.
La ruta 68 cortada y el riesgo bajo el suelo
La interrupción del tránsito sobre la ruta nacional 68 se produjo como medida de seguridad ante el avance del fuego. En la zona, las llamas no solo afectaron pastizales, sino también bosque nativo, con presencia de algarrobos y chañares. Parte de esas raíces permanecían calientes y actuaban como combustible.
Especialistas ya habían advertido que el peligro seguía debajo de la superficie. Aunque arriba se observaba una guardia de cenizas, el material vegetal del subsuelo todavía podía encenderse. Con el viento zonda, ese calor acumulado terminó alimentando nuevamente el incendio y complicó las tareas de control.
La superficie quemada superó las 50 hectáreas registradas en la primera etapa del siniestro. Esos terrenos integran áreas incluidas en categoría amarilla dentro del Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia. Con la reactivación, el fuego avanzó hacia más sectores de vegetación nativa.
La coordinadora de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, relacionó el caso con antecedentes recientes en el mismo punto. “No es la primera vez que se produce un incendio en ese lugar, también se quemó el año pasado y hace dos meses se inició un incendio en el mismo sitio”, dijo a Salta/12.
El incendio en Cafayate y la denuncia penal
De acuerdo con denuncias de habitantes de la zona mencionadas en el planteo ambiental, los incendios en Cafayate habrían sido provocados con el fin de abrir paso a emprendimientos inmobiliarios. Cruz resumió esa preocupación al señalar: “Es una zona que estaría destinada a un futuro loteo”.
La referente ambiental también planteó que el área afectada debe recomponerse. Indicó que, hasta ahora, no se conoce en el país un caso de restauración de una zona incendiada por decisión institucional, y que los procesos de recuperación registrados fueron por acción natural del ambiente.
En ese marco, Cruz sostuvo que la recomposición del ambiente es “una obligación constitucional de las provincias y del Estado Nacional… no es algo que puedan hacer si quieren o no. Además, se debería cobrar a los responsables”. La denuncia penal por los incendios en Cafayate está radicada en la Fiscalía Penal de Cafayate, a cargo de Sofía Fuentes.
Greenpeace pidió restaurar bosque nativo desmontado
En paralelo a lo ocurrido en los Valles Calchaquíes, Greenpeace dirigió una carta al gobernador Gustavo Sáenz y al procurador general de la provincia, Pedro García Castiella. La organización pidió que se ejecute la restauración del bosque nativo perdido por un desmonte ilegal de casi 12 mil hectáreas en el norte provincial.
El caso corresponde a una finca a nombre de José y Darío Karlen, donde en 2014 se constató una deforestación de casi 12 mil hectáreas. Según la información consignada en la presentación, la eliminación del monte tuvo como finalidad avanzar con monocultivos destinados a la exportación.
El desmonte venía denunciándose desde 2012. Recién en 2014, a partir de una inspección realizada por la ex AFIP, se comprobó la deforestación ilegal. En esa misma finca también se constató la presencia de personas en situación de esclavitud laboral, según la información incluida en el planteo.
En 2018, el Ministerio Público Fiscal firmó un acuerdo con los Karlen para restaurar el área intervenida. Tras 8 años de incumplimiento, la administración de justicia provincial accedió a aplicar una multa a los finqueros por 21.800 millones de pesos, equivalente a 15 millones de dólares.
Greenpeace solicitó que se active el acuerdo de restauración ambiental homologado el 3 de diciembre de 2018. Ese documento establecía que, ante un incumplimiento de las obligaciones asumidas por Karlen, debía ponerse en marcha un mecanismo judicial específico para la recomposición del área.
El acuerdo dispuso que “en caso de un incumplimiento de Karlen a alguna obligación del marco de restauración… se decretará la inmediata intervención de un Cuerpo de Administradores Judiciales compuesto por un abogado, un profesional de las ciencias ambientales y un profesional de las ciencias económicas propuestos por la Procuración General de la Provincia a requerimiento de Tribunal, con amplias facultades para abrir un proceso de ejecución de sentencia forzada del marco de restauración a costa y cargo de Karlen y con garantía sobre los inmuebles del área en recomposición”.
Luego de conformado ese cuerpo, el paso previsto es inscribir la zona como Reserva Natural de Uso Múltiple Privada “en los términos de los artículos 25 y 53 de la Ley 7107, pudiendo tramitar los beneficios que el Sistema Provincial establece”.
La carta también registró la presencia de 12 familias criollas en la finca y mencionó el uso del antiguo bosque por parte de comunidades de Corralito y Cuchuy. Además, señaló recorridos de comunidades wichi del sur del área en busca de chaguarales y otros recursos importantes para su subsistencia.
El relevamiento ambiental citado informó la presencia de 31 especies de mamíferos en zonas cercanas a la finca, con nueve categorizadas a nivel nacional como vulnerables. También nombró al cabasú chaqueño y al chancho quimilero como especies endémicas, y al jaguar y al tapir como monumentos naturales provinciales.
La denuncia por los incendios en Cafayate continúa radicada en la Fiscalía Penal de Cafayate, a cargo de Sofía Fuentes.
