Bolivia volvió a quedar en el centro de la tensión política por las protestas que apuntan contra el presidente Rodrigo Paz. Este lunes 18 de mayo, en La Paz, una movilización encabezada por sectores sindicales y sociales terminó con choques con la Policía, 90 detenidos, al menos un herido y una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Además, hubo denuncias por saqueos en oficinas públicas y privadas, mientras la Plaza Murillo quedó bajo fuerte custodia policial y militar en medio de una crisis que se arrastra desde hace dos semanas.
La medida judicial fue confirmada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien informó que la resolución alcanza a Argollo y a otras personas. Según explicó, la decisión se tomó a partir de informes policiales, reportes de Inteligencia y una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno. La causa se activó luego de una jornada con miles de manifestantes en el centro paceño, donde la protesta escaló cuando un grupo intentó avanzar hacia el corazón político del país.
En ese sector de La Paz están el Palacio de Gobierno y otros edificios estatales. Por eso, cuando los manifestantes buscaron romper el cordón de seguridad para llegar a la Plaza Murillo, las fuerzas antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos. Durante varias horas, el área quedó envuelta en humo, con policías equipados con escudos, cascos y chalecos, mientras se reforzaba la vigilancia en la zona.
Bolivia quedó bajo máxima tensión tras los choques en el centro de La Paz
La protesta reunió a miles de personas y colapsó buena parte del centro paceño. De acuerdo con reportes de la prensa local, la movilización fue impulsada por la COB junto con organizaciones sindicales, vecinales e indígenas, que mantienen su reclamo de renuncia contra Rodrigo Paz. El pedido sigue en pie, incluso después del llamado al diálogo lanzado por el Gobierno durante el fin de semana.
Con el correr de las horas, la confrontación se concentró en los alrededores de la Plaza Murillo. Allí se montó un operativo de seguridad reforzado, tanto policial como militar. También fueron evacuadas dependencias del Gobierno y del Poder Legislativo, que quedaron luego con custodia adicional por el temor a nuevos incidentes.
Según el diario El Deber, en medio de los enfrentamientos hubo al menos un manifestante herido. Ya hacia la tarde del lunes 18 de mayo, la situación empezó a descomprimirse en el centro de la ciudad, cuando distintos grupos se replegaron hacia puntos de bloqueo instalados en la periferia de El Alto.
La tensión no se limitó a los choques callejeros. Durante la misma jornada se registraron saqueos en distintos inmuebles. Imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno mostraron a personas ingresando a una sede del registro nacional de bienes y retirando muebles, computadoras, pantallas y otros elementos de oficina.
Rodrigo Paz enfrenta una crisis que ya se extendió a rutas y servicios
El conflicto no empezó este lunes. Según la información oficial, la crisis lleva dos semanas y tuvo su origen en un reclamo de aumento salarial del 20%, al que luego se sumó la exigencia de que Rodrigo Paz deje el cargo. El mandatario asumió el poder el 8 de noviembre pasado, después de 20 años de predominio del Movimiento Al Socialismo.
En ese lapso, los grupos movilizados instalaron bloqueos en caminos clave que rodean La Paz y El Alto. Se estima que solo en esa zona hay 15 puntos de corte. La protesta, además, se expandió a otras regiones del país, con impacto sobre el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en la capital administrativa.
El sábado anterior, las fuerzas de seguridad habían intentado liberar esos bloqueos. Sin embargo, esa decisión fue revertida para evitar un escenario todavía más conflictivo. Dos días después, varias organizaciones confluyeron en el centro paceño, entre ellas sectores identificados como afines a Evo Morales, que llegaron a la Plaza Murillo tras semanas de marcha.
De acuerdo con el texto original, Morales tiene una orden de captura en una causa por corrupción de menores y permanece refugiado en Chapare. En el marco de esta nueva escalada, desde el oficialismo señalaron también la presencia de seguidores del exmandatario entre los movilizados que participaron de las protestas en La Paz.
Las protestas dejaron detenidos y una denuncia por presunta presencia de armas
En paralelo a la orden de aprehensión contra Mario Argollo, el fiscal general Roger Mariaca informó que ya son 90 las personas detenidas por los hechos del lunes 18 de mayo. La decisión judicial, según sus palabras, fue emitida “a requerimiento de informe policial y de Inteligencia y a requerimiento de la denuncia que ha realizado el Ministerio de Gobierno, una resolución de aprehensión fundamentada en contra del señor Argollo y otros”.
Por otra parte, el vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió sobre un elemento que, según dijo, agrava el cuadro. “Hoy llega a La Paz la marcha de los cocaleros y de Evo Morales, ese es el hecho noticioso más importante del día, pero queremos denunciar que, lamentablemente, se han identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas y eso sí nos tiene preocupados”, afirmó, citado por El Deber.
Gálvez sostuvo que el supuesto líder de esos grupos sería el exfuncionario del Ministerio de Defensa Bernabé G.P., a quien mencionó como el “presidente del comité de conflicto” de los llamados Ponchos Rojos. Además, vinculó a ese espacio con una facción de campesinos aimaras del altiplano paceño, conocida por mantener una organización de estilo militar y por exhibir armas antiguas en algunas protestas.
Siempre según el vocero, en las últimas horas circuló por redes sociales un video en el que se observa a una veintena de presuntos integrantes de los Ponchos Rojos en una ruta andina, con armas en la mano y gritando “ahora sí, guerra civil”. También aseguró que el exfuncionario llamó a los manifestantes a sumarse “a la marcha evista (de los afines a Morales) y cocalera y que vinieran con todas las armas posibles”.
Además de la sede del registro nacional de bienes, también fueron saqueados el Tribunal Departamental de Justicia, algunas estaciones del teleférico, otros edificios y comercios privados, de acuerdo con la información difundida por autoridades y medios locales.
