Innocence Project Argentina presentó una denuncia pública por presunta violencia institucional tras el procedimiento que terminó con el traslado compulsivo de Beatriz Yapura en Salta. Según difundió la entidad, la mujer fue llevada por la fuerza para que se le extrajera una muestra de ADN, en el marco de una nueva investigación por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni. La organización sostuvo que Yapura no está imputada, que no hay una sospecha concreta en su contra y que la defensa ya había apelado la orden judicial.
El caso volvió a poner la mirada sobre una causa que sigue generando repercusiones en la provincia. De acuerdo con el comunicado, la medida fue impulsada para comparar el material genético de Yapura con rastros biológicos femeninos detectados por el laboratorio IFEG de Francia. Sin embargo, la entidad cuestionó tanto la legalidad del procedimiento como las condiciones en que se llevó adelante.
La denuncia de Innocence Project Argentina por Beatriz Yapura
La organización informó que el pronunciamiento fue difundido el 17 de mayo de 2026, en el apartado Judiciales. Allí expresó su rechazo a lo ocurrido este viernes en Salta y apuntó directamente contra el operativo realizado para concretar la extracción de ADN.
En ese texto, Innocence Project Argentina afirmó que “no está imputada” y también remarcó que “nada vincula a Beatriz con el crimen”. Además, señaló que no existe “una sospecha concreta en su contra”, por lo que consideró irregular la decisión de avanzar con una prueba corporal de ese tipo.
La entidad vinculó este episodio con la situación de Santos Clemente Vera, esposo de Yapura, y sostuvo que existe un cuadro de hostigamiento hacia su familia. El documento fue firmado por el presidente de la organización, Carlos Manuel Garrido.
Cuestionamientos al procedimiento y a la prueba genética
Entre los puntos más sensibles de la denuncia, la organización indicó que la extracción compulsiva de ADN no puede ser tomada como un trámite menor. Según planteó, se trata de una “prueba corporal invasiva”, por lo que debería estar sujeta a un control judicial riguroso, con fundamentos reforzados y criterios claros de necesidad y proporcionalidad.
También señaló que el procedimiento se realizó pese al delicado estado de salud de Beatriz Yapura. A eso sumó que la defensa ya había apelado la resolución judicial que habilitaba la práctica, un dato que, según su posición, agrava lo ocurrido.
Otro de los cuestionamientos tuvo que ver con el acceso de la defensa a la evidencia. Siempre de acuerdo con lo informado por Innocence Project Argentina, no se puso a disposición el perfil genético con el que se pretende hacer la comparación y tampoco se permitió la participación de un perito de parte durante la diligencia.
La frase del comunicado sobre violencia institucional
En el mismo escrito, la organización dejó asentada una de las expresiones más duras sobre el episodio. Allí sostuvo: “Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”.
La nueva investigación está vinculada al crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Según la información difundida por la entidad, el requerimiento fiscal buscó obtener una muestra genética de Yapura para contrastarla con rastros biológicos femeninos hallados por el laboratorio IFEG de Francia.
