El proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Salta para cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente o temporaria que estudien en el sistema público superior generó cuestionamientos jurídicos. El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta sostuvo que la iniciativa no podría aplicarse en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), mientras que el diputado Alejandro Esper defendió la medida como un criterio de equidad. La propuesta abarca la educación de pregrado, grado y posgrado, además de institutos terciarios estatales y la UPATecO.
La iniciativa apunta a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente ni temporaria. Según lo expuesto durante su presentación, también contempla mecanismos para recuperar gastos por prestaciones del sistema público de salud destinadas a residentes transitorios o precarios.
Los límites que plantea el abogado para la educación en la UNSa
Aguirre Astigueta afirmó que una ley provincial no puede regular el funcionamiento de una universidad nacional. El especialista fue secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa y participó de la Asamblea Universitaria de 2022. Desde esa experiencia, señaló que la Legislatura salteña no tiene atribuciones para establecer un arancel en esa casa de altos estudios.
“Claramente no puede ser una normativa de aplicación en la Universidad Nacional de Salta”, afirmó el abogado al referirse al proyecto. Explicó que el Estatuto de la UNSa prevé la gratuidad para los estudios de grado sin establecer diferencias entre alumnos por nacionalidad o condición migratoria.
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Para el constitucionalista, el análisis no se agota en las normas internas de la universidad. También mencionó la Constitución Nacional, la Constitución de Salta, la Ley de Migraciones y los tratados internacionales que reconocen derechos para los extranjeros. “No solamente está el Estatuto de la UNSa. Está también la Ley de Migraciones, la Constitución Nacional, la Constitución de Salta y tratados internacionales que protegen a los extranjeros”, expresó.
La residencia y el alcance práctico de la medida
El abogado consideró que el universo de alumnos alcanzados podría ser reducido por las exigencias de documentación vigentes. Según indicó, tanto la Universidad de Buenos Aires como la UNSa solicitan Documento Nacional de Identidad para continuar carreras de grado y para la entrega de títulos. Por eso, entendió que quienes permanecen en el sistema educativo estatal deben avanzar en su regularización migratoria.
“Para continuar los estudios de grado hay que ser residente porque se tiene que contar con DNI. Solamente se inscribe extranjero con DNI y luego el título solamente se entrega con el mismo”, indicó. A su vez, sostuvo que la Ley de Migraciones establece mecanismos de regularización para las personas que se incorporan a la enseñanza de gestión estatal.
Aguirre Astigueta también puso en duda el efecto económico que podría tener el cobro. Consultado sobre la posible recaudación, dijo que el aporte de extranjeros no residentes no modificaría el sostenimiento general de las instituciones. “¿Cuánto aportaría un extranjero no residente tomando esos cursos? No movería para nada el amperímetro en el sostenimiento del sistema educativo”, afirmó.
Qué propone Alejandro Esper para extranjeros sin residencia
El diputado Alejandro Esper sostuvo que el arancel busca aplicar un criterio de equidad sobre servicios financiados con recursos provinciales. La propuesta alcanza a carreras de pregrado, grado y posgrado en universidades nacionales, la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) y establecimientos terciarios estatales.
El legislador relacionó el proyecto con medidas implementadas en materia sanitaria en el departamento Orán. “Buscamos equidad, tal como se empezó a hacer tiempo atrás en el departamento Orán con el tema de la salud que nos cuesta a todos los salteños, dado que los impuestos son nuestros y había un uso indiscriminado por parte de extranjeros que no hacían ningún tipo de aporte”, afirmó Esper.
Además, rechazó que el planteo implique una discriminación. “Esto no es discriminación, es equidad. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros vamos al extranjero y tenemos que pagar por los servicios que se nos brindan”, manifestó. De acuerdo con su explicación, las casas de altos estudios tendrían a su cargo la definición de los montos, considerando el costo de formación de cada estudiante.
Costos, excepciones y el capítulo sobre salud pública
La iniciativa prevé que lo recaudado quede en cada institución y establece excepciones para refugiados, becados e intercambios. Esper indicó que el costo anual de un alumno argentino en la UNSa se ubicaría entre 2 y 10 millones de pesos, según la carrera. También señaló que no se fijarían importes excesivos. “No se colocarán montos exorbitantes. Cada casa de altos estudios dispondrá el costo de acuerdo con lo que le cuesta cada alumno”, precisó.
Entre los datos difundidos por el diputado, se mencionó que en 2025 habría alrededor de 3.800 estudiantes extranjeros sin residencia cursando estudios superiores en Salta. El texto prevé que los recursos obtenidos tengan administración autónoma y auditorías dentro de cada institución educativa.
El proyecto exceptúa a refugiados, alumnos becados y participantes de programas de intercambio o convenios de reciprocidad. En el apartado sanitario, propone recuperar costos de atención para residentes transitorios o precarios, aunque mantiene la gratuidad en urgencias, emergencias, vacunación y controles de enfermedades transmisibles.
Sobre la comparación con otros países, Aguirre Astigueta señaló: “Si nosotros vamos a España, Brasil o Estados Unidos tenemos que vivir según las reglas de esos países. No existe ninguna herramienta legal que permita exigirles que tengan un sistema igual al argentino”.
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El constitucionalista agregó que los asuntos migratorios corresponden a la Nación. “Nuestro ADN constitucional es abrir las puertas a quienes quieran habitar el suelo argentino. Si existe algún problema migratorio debe resolverlo la Nación, porque esa es una competencia estrictamente federal, no de las provincias”, indicó.
