La senadora Flavia Royón fijó una postura dividida entre la reforma laboral y la reforma penal juvenil

Durante la apertura legislativa, Royón combinó aval parcial al régimen penal juvenil con cuestionamientos técnicos a varios ejes de la reforma laboral en debate.

En la apertura legislativa de este lunes, la senadora nacional Flavia Royón expuso una postura con matices frente al paquete de reformas del Gobierno nacional. Respaldó el nuevo régimen penal juvenil por las garantías que introduce, pero al mismo tiempo objetó puntos centrales de la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso. Desde su banca en el Senado, Royón señaló que la normativa laboral puede ayudar a formalizar empleo, aunque advirtió sobre efectos estructurales, fiscales y previsionales que, a su entender, requieren una revisión más profunda.

Flavia Royón apoya el régimen penal juvenil pero aclara su alcance

Al referirse al capítulo penal durante la apertura, la senadora nacional Flavia Royón se mostró a favor del régimen penal juvenil impulsado por el oficialismo nacional. Según explicó, el esquema incorpora garantías de debido proceso para menores de edad, algo que consideró un avance en términos de protección de derechos dentro del sistema judicial.

No obstante, Royón dejó en claro que su aval es acotado. Señaló que, aunque valora la incorporación de estas garantías, no cree que el régimen penal juvenil constituya por sí solo una solución integral al problema de la inseguridad. Por eso, marcó que se trata de una herramienta específica dentro de un tema mucho más amplio, que requiere otras políticas complementarias.

En esa línea, la senadora nacional insistió en que el debate penal no debe confundirse con una respuesta automática a los hechos delictivos. Subrayó que el nuevo régimen juvenil ordena procedimientos y responsabilidades, pero insistió en que no alcanza para abordar todas las causas que están detrás de la conflictividad social.

Royón cuestionó ejes sensibles de la reforma laboral

El análisis más detallado de Royón llegó al abordar la reforma laboral tratada recientemente. Allí describió un escenario mixto: por un lado, remarcó que los cambios abren una posibilidad para incorporar al empleo formal a millones de trabajadores que hoy están en la informalidad, sin aportes ni protección básica; por otro, reclamó discutir más a fondo cómo impactarán las medidas en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con su exposición, el capítulo laboral busca reducir la informalidad y también la litigiosidad en el mundo del trabajo, promoviendo la actualización de convenios colectivos frente a los cambios tecnológicos y del mercado. Entre los aspectos que valoró, destacó el mecanismo pensado para “atacar la industria del juicio” mediante una definición más clara de las indemnizaciones y de su forma de actualización, lo que, según planteó, podría dar más previsibilidad a empresas y trabajadores.

Además, la senadora nacional hizo foco en los incentivos económicos incluidos en la reforma. Resaltó el programa que premia la registración laboral durante 48 meses, señalando que ese esquema apunta a disminuir la resistencia de algunos empleadores a blanquear personal. Como ejemplo cercano, mencionó el sistema de riesgos de trabajo que funciona en Salta, al que describió como un modelo de baja litigiosidad que podría servir como referencia en la discusión nacional.

Fondo de indemnizaciones, impuestos y controles bajo la lupa

Aun reconociendo esos puntos favorables, Royón marcó diferencias con varios núcleos duros de la reforma laboral. En particular, expresó reparos sobre el diseño del fondo de indemnizaciones, al advertir que, en su opinión, podría implicar una transferencia de recursos desde el sistema previsional hacia el sector privado, lo que consideró problemático y merecedor de un análisis más detallado en el Senado.

También rechazó el capítulo impositivo al sostener que vulnera competencias propias de las provincias. Sumó críticas por la eliminación de ciertas normas vigentes y por la falta de mecanismos precisos de control y sanción dentro del nuevo esquema. Según indicó durante la apertura legislativa, esas observaciones forman parte de sus discrepancias de fondo con el proyecto, pese a que reconoce la importancia de los incentivos para formalizar empleo y la necesidad de bajar la litigiosidad en el ámbito laboral.

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