POSIBLE FRAUDE

El Gobierno de la Provincia de Salta ha sacado a la luz un preocupante caso de presuntas maniobras fraudulentas llevadas a cabo por la firma Cerros de Terciopelo, administradora de un hotel en Rosario de Lerma. Según un decreto publicado en el Boletín Oficial, la empresa ha incurrido en una deuda de $1.500.000, más intereses generados desde 2009, debido a la falta de cumplimiento de un contrato firmado en aquel año.

En 2009, se suscribió un contrato entre la Provincia de Salta y Cerros de Terciopelo S.A. con el objetivo de otorgar beneficios promocionales como estímulo para el proyecto de inversión denominado "Hotel Boutique" en Rosario de Lerma. Los beneficios consistían en exenciones en impuestos económicos y certificados de crédito fiscal por un monto total de $1.500.000, que fue entregado en su totalidad. Sin embargo, el acuerdo requería que la empresa reembolsara dichos montos en un plazo de 10 años, después de 5 años de gracia, compromiso que no fue cumplido y ha dejado anualidades vencidas e impagas.

Ante esta situación, el Gobierno de Salta ha tomado medidas contundentes. Se ha rescindido el contrato de promoción suscrito con la empresa en octubre de 2009 y se ha instruido a la Dirección General de Rentas a determinar y reclamar las sumas adeudadas por las exenciones usufructuadas. La deuda reclamada asciende a $1.500.000, más los intereses acumulados desde el 2009.

En caso de no avanzar en el pago de la deuda, el Gobierno ha dejado claro que la Fiscalía de Estado promoverá acciones judiciales contra Cerros de Terciopelo S.A. Esta revelación ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, ya que arroja luz sobre prácticas empresariales cuestionables que pueden implicar una carga mayor para el Estado que las críticas dirigidas hacia los beneficiarios de planes sociales.

El caso del hotel de Rosario de Lerma se suma a las preocupaciones sobre la transparencia en las relaciones entre el sector público y privado en la provincia. Las autoridades aseguran que tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y proteger los intereses del Estado y sus ciudadanos.

Creditos

Cuando un individuo o empresa solicita un crédito estatal, es fundamental que se establezca una contraprestación clara y justa para garantizar la reciprocidad en el acuerdo. La contraprestación puede ser en forma de garantías, activos o cualquier otra medida que respalde la capacidad de pago y el compromiso del adquirente. Sin embargo, si el adquirente incumple con su obligación de pago o no cumple con los términos del contrato, el prestatario tiene el derecho de exigir los daños y perjuicios ocasionados. Esta disposición es esencial para proteger los intereses del Estado o la entidad otorgante del crédito y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y efectiva.

En situaciones en las que el adquirente no cumple con sus responsabilidades contractuales, el prestatario debe tener el derecho de recuperar los fondos prestados o recibir una compensación por las pérdidas sufridas como resultado del incumplimiento. Esto puede incluir intereses adicionales, daños y perjuicios, o la toma de medidas legales para proteger los intereses del prestatario. De esta manera, se busca garantizar la confianza y la transparencia en las operaciones crediticias del Estado, evitando el uso irresponsable de recursos públicos y promoviendo una gestión financiera responsable. La existencia de una contraprestación adecuada y la posibilidad de exigir daños y perjuicios en caso de incumplimiento son herramientas fundamentales para asegurar que los créditos estatales sean una herramienta eficaz para el desarrollo económico y social de la provincia.