Salta: Arzobispo sentenciado por violencia de género

8 de abril de 2024

La justicia de Salta ha emitido un veredicto sin precedentes que ha sacudido los cimientos de la comunidad religiosa local. Monseñor Mario Cargnello, junto con el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y el sacerdote Lucio Ajaya, han sido declarados culpables de violencia de género contra un grupo de monjas en el Convento San Bernardo. La sentencia, dictada por la jueza Carolina Cáceres Moreno del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nº 3, incluye la imposición de tratamiento psicológico y restricción perimetral para los acusados.

La denuncia, presentada por las Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo en 2021, detalla una serie de incidentes de violencia perpetrados por los acusados, que incluyen agresiones físicas y psicológicas. La sentencia impuesta exige que los acusados reciban tratamiento psicológico con perspectiva de género, así como capacitación en cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente.

El conflicto entre los clérigos y las monjas aparentemente se desató debido a la relación cercana que estas últimas establecieron con María Livia, una mujer que afirma recibir mensajes de la Virgen del Cerro. Durante un velatorio en el convento, Monseñor Cargnello habría dado una oración agresiva en respuesta a la presencia de una imagen de la Virgen del Cerro, que no es reconocida por él. Además, el sacerdote Lucio Ajaya habría agredido físicamente a una de las monjas que filmaba el evento.

El Vaticano intervino enviando un representante para investigar el conflicto y determinó que el convento San Bernardo no debería participar en actividades relacionadas con la fundación asociada a la adoración de la Virgen del Cerro. Esta decisión desencadenó una serie de acciones que llevaron a la denuncia y al posterior juicio.

La jueza Cáceres Moreno destacó en su resolución que las monjas habían sufrido violencia de género en varias formas durante más de 20 años, incluyendo violencia religiosa, física, psicológica y económica. La sentencia también señaló incidentes específicos, como la obstrucción en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al obispo sin devolución, como ejemplos de violencia psicológica y económica.

Este veredicto representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, incluso dentro de las instituciones religiosas. La imposición de tratamiento psicológico y restricción perimetral para los acusados envía un mensaje claro de que tales comportamientos no serán tolerados, independientemente del estatus o la posición social de los perpetradores.

La comunidad religiosa de Salta, así como el público en general, espera que esta sentencia marque el comienzo de un cambio cultural y estructural que garantice la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la sociedad, independientemente de su género o estatus.