El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta inició el juicio en el que juzgan a 12 personas acusadas de integrar una presunta aduana paralela en Finca Carina, cerca de Aguas Blancas. La Fiscalía sostiene que el grupo organizó el ingreso de mercadería desde Bolivia por el río Bermejo y que cobraba montos a quienes circulaban por el lugar. El debate continuará este martes ante los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci.
Según la acusación presentada por el fiscal Marcos Romero, de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el circuito funcionaba en una propiedad situada a unos dos kilómetros de Aguas Blancas, sobre la ruta nacional 50. La investigación ubica allí un paso usado para trasladar bultos desde la costa boliviana del río.
Los 12 imputados afrontan cargos por asociación ilícita y participación necesaria en contrabando de mercadería. La calificación incluye agravantes por la cantidad de personas presuntamente involucradas y por el valor económico atribuido a las operaciones investigadas durante julio y agosto de 2025.
La acusación describió un paso de mercadería desde el río Bermejo
Para la Fiscalía, el punto central de la maniobra estaba en el acceso de Finca Carina al río Bermejo, señalado en el expediente como límite natural con Bolivia. De acuerdo con esa hipótesis, la carga cruzaba en gomones hasta la finca y luego seguía por una traza interna hacia la ruta nacional 50.
El expediente indica que las dos parcelas del predio estaban unidas por un camino. La acusación sostiene que esa vía habría sido abierta y mantenida de forma clandestina para favorecer el traslado de los productos desde la ribera hasta la ruta.
Una de las fracciones fue adquirida el 10 de febrero de 2025 por Gladys Salazar, en una operación de $20 millones realizada con su hermano como vendedor. La otra parcela figura a nombre de Blanca Cortez, aunque la Fiscalía afirmó que era ocupada materialmente por integrantes de la familia Cardozo y que contaba con acceso directo al río.
La Fiscalía estimó circulación diaria y cobros en la denominada aduana paralela
Durante la investigación, se estimó que por el lugar podían pasar unos 300 vehículos por día. La Fiscalía expuso que los cobros variaban según el vehículo y la cantidad de bultos trasladados, con una recaudación calculada en alrededor de $3 millones diarios.
Además, un informe de la División Aduana de Orán de ARCA-DGA valuó en $2.975.392.851,56 el movimiento económico vinculado con la mercadería ilegal que, según la causa, transitaba por la propiedad. Esa cifra fue incorporada como parte de los elementos analizados en el proceso.
La pesquisa comenzó el 26 de mayo de 2025, tras la aparición de indicios sobre maniobras ilegales en Finca Carina. Las tareas estuvieron a cargo de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Orán de Gendarmería Nacional, que realizó observaciones de campo, intervenciones telefónicas y utilizó un agente revelador.
El allanamiento en Finca Carina se realizó el 4 de agosto de 2025
El procedimiento permitió desarticular el circuito bajo investigación. En esa instancia fueron detenidos 11 de los imputados, se secuestraron elementos considerados de interés para la causa y se ordenó la clausura de la propiedad.
Entre quienes llegaron a juicio se encuentran José Luis Segundo Suárez, Francisca Milagro Cardozo, Jorge Miguel Cardozo, Carmen Janette Cardozo, Gladys Gloria Salazar, Pedro Abel Del Rivero y Benito José Cardozo, junto con otros acusados.
El expediente también incluye a tres imputados detenidos luego de la elevación a juicio. Entre ellos figura la persona señalada por la Fiscalía como presunto jefe de la organización, detenida el 8 de agosto de 2025 en Bolivia.
El debate seguirá este martes con el tratamiento de las actuaciones vinculadas al funcionamiento del circuito investigado en Finca Carina.

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