Manuel Adorni presentó ante la Cámara de Diputados un informe de 1936 páginas con respuestas sobre distintos temas de gestión, aunque en los tramos ligados a su patrimonio y a información confidencial eligió no dar precisiones. En ese documento, que funciona como anticipo de lo que sostendrá cuando vaya al recinto, remitió varias consultas a causas judiciales en trámite, anexos reservados o documentación bajo reserva. La oposición había puesto el foco en sus bienes, en un viaje realizado durante el Carnaval de 2026 y en sus vínculos con terceros mencionados en expedientes abiertos.
Según la distribución temática incluida en el propio escrito, el 20% de las respuestas estuvo dedicado a economía, con asuntos como deuda, FMI y tarifas. Después aparecieron salud, con el 15%; seguridad, con el 13%; y políticas sociales y justicia, con el 12%. En tanto, el 5% del contenido quedó concentrado en cuestiones personales y judiciales, donde se ubicaron las preguntas referidas a bienes, traslados e investigaciones mencionadas por bloques opositores.
En ese apartado, Adorni evitó desarrollar varios de los puntos más sensibles. La contestación sostuvo, en más de un caso, que la información debía canalizarse en sede judicial o que formaba parte de anexos reservados. También planteó que algunos hechos observados por legisladores correspondían a una etapa anterior de su función pública y, por esa razón, no debían responderse dentro del marco de su actual cargo.
El patrimonio de Adorni quedó atado a anexos reservados y a la Justicia
Uno de los bloques de preguntas estuvo dirigido a la declaración jurada patrimonial del funcionario. Legisladores opositores señalaron la falta de bienes en la última presentación y mencionaron, entre otros puntos, una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024, además de un departamento en Caballito, donde reside actualmente.
La respuesta oficial no avanzó sobre esos bienes de manera puntual. En cambio, indicó que los elementos correspondientes a su cónyuge y familiares figuran en un anexo reservado de la declaración jurada. Ese tramo del informe no agregó explicaciones sobre los cuestionamientos concretos formulados por la oposición alrededor de esas propiedades.
Además, el escrito señaló que ese anexo solo puede ser consultado por la Justicia, que ya interviene en la causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2026. El mismo informe también dejó asentado que esa documentación debía haberse entregado el año anterior, aunque fue presentada más tarde. Sin embargo, no precisó de dónde salieron los fondos usados para esas compras y afirmó que cualquier respuesta vinculada con su patrimonio será dada en sede judicial.
Un viaje, un dato confidencial y una versión cruzada en el informe enviado a Diputados
Otro de los puntos discutidos fue el viaje a Punta del Este realizado durante el fin de semana de Carnaval de 2026, cuando Adorni se trasladó en un avión privado. Sobre ese episodio, el informe no identificó quién pagó el vuelo y se limitó a señalar que se trató de una cuestión personal del funcionario.
En esa misma contestación se indicó que el Estado no registra desembolsos por vuelos personales de Adorni y que esos movimientos son considerados gastos privados. A la vez, el texto agregó que no constan ante la Oficina Anticorrupción registros de viajes financiados por terceros.
Esa explicación convive con una declaración judicial del piloto de la aeronave, quien afirmó que el empresario Marcelo Grandío financió el traslado. Esa versión difiere de la que había expresado previamente Adorni, cuando sostuvo haber pagado los pasajes de su familia.
La relación con Grandío y otros expedientes también quedó sin desarrollo
El nombre de Marcelo Grandío volvió a aparecer en otro tramo del cuestionario. La oposición consultó si existieron contratos entre ese empresario y el Estado, en especial con la TV Pública, dentro de un posible conflicto de intereses. En su respuesta, Adorni negó cualquier relación contractual o vínculo con Radio y Televisión Argentina, aunque no sumó documentación adicional para respaldar esa afirmación.
La misma lógica se repitió en otros expedientes mencionados en el informe. Sobre el caso del criptoactivo $LIBRA, evitó brindar precisiones y argumentó que difundir información podía afectar la integridad de las investigaciones judiciales en curso. Dentro de ese apartado, también cuestionó filtraciones periodísticas y puso en duda la validez de la pericia realizada sobre el teléfono de Mauricio Novelli, nombrado como uno de los involucrados en la causa.
En las preguntas referidas a presuntas maniobras de fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad, la respuesta siguió la misma línea. Adorni indicó que la situación está bajo investigación judicial y derivó las consultas al expediente correspondiente, sin incorporar mayores detalles al informe remitido a Diputados.
A lo largo del documento, el jefe de Gabinete también buscó marcar límites sobre qué debía contestar dentro del marco institucional actual. Por eso sostuvo que ciertos hechos vinculados con su etapa previa como vocero presidencial, incluidos viajes y reuniones observados por la oposición, no correspondían a su función presente y no debían ser respondidos en ese escrito.
De ese modo, varios planteos opositores sobre bienes no declarados, origen de fondos y relaciones con terceros quedaron sin desarrollo concreto. En los tramos más delicados, el informe enviado por Adorni al Congreso apeló a causas en trámite, anexos reservados o información confidencial.
